Fiscalizan a estados 19 ex funcionarios
| Autor | Luis Brito |
Sólo 13 de los 32 auditores estatales del País no tienen antecedentes públicos como funcionarios municipales, estatales o federales.
Los restantes han ocupado uno o varios cargos públicos o pertenecían a algún partido político antes de asumir el cargo.
De acuerdo con el Artículo 116 constitucional, los titulares de las auditorías deben tener experiencia de al menos un lustro y ser elegidos por las dos terceras partes de los Congresos estatales.
Sin embargo, en la práctica esto no es así.
Existen casos de auditores cuyos nombramientos generaron controversia por tratarse de ex funcionarios cercanos a los Gobernadores en turno.
Uno de los más polémicos fue el de Rosa Lizbeth Caña Cadeza al frente de la entidad fiscalizadora superior de Oaxaca, en abril de 2008.
Caña Cadeza fue Procuradora General de Justicia del Gobernador Ulises Ruiz hasta abril de 2007, cuando dimitió del cargo para aspirar a una diputación local por la vía plurinominal por la alianza Partido Verde-PRI.
Otro caso es el de Gerardo Robles Riestra, titular de la entidad fiscalizadora de Tamaulipas. Antes de ocupar ese cargo, fungió como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Eugenio Hernández.
En tanto, el auditor estatal saliente, Raúl Hernández Chavarría, ocupó posteriormente el cargo que Robles Riestra dejó vacante.
Actualmente, al menos ocho auditores superiores pertenecieron a alguna área de la Secretaría de Finanzas de su Estado durante la Administración en la que fueron designados o en anteriores, entre ellos los de Baja California, Coahuila, Querétaro y San Luis Potosí.
Los titulares de las entidades fiscalizadoras del DF, Chiapas, Sonora y Michoacán fueron servidores públicos a nivel federal en distintos tipos de tareas y épocas.
Los auditores de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán no tuvieron puestos públicos antes de ser nombrados.
Sin embargo, eso no ha evitado que algunos de ellos hayan sido señalados como cercanos a funcionarios estatales o por verse involucrados en escándalos.
Este año, el auditor de Morelos, Gerardo Casamata, fue sujeto a proceso penal ante un juez federal por falsedad en declaraciones durante un juicio laboral.
Legisladores panistas locales del Edomex criticaron la designación de Fernando Valente Baz como auditor, en octubre de 2009, y fue acusado de ser socio de un despacho que realizaba revisiones a...
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