Fiscalice beneficiarios para evitar sanciones
| Autor | Azucena Vásquez |
Las empresas o fideicomisos del País deben tener información detallada de sus beneficiarios controladores -como accionistas- para reportarla al fisco o pueden ser sancionados con hasta 2 millones de pesos.
Desde 2022 es obligatorio tener información detallada de cada uno de los beneficiarios controladores, lo que implica contar con su identificación oficial, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio fiscal, documento que compruebe el estado civil, entre otros.
"El objetivo detrás de esto es combatir el manejo de operaciones con recursos de procedencia ilícita para financiar terrorismo, narcotráfico, etcétera, por eso es muy exhaustiva la identificación del beneficiario y los datos (que se piden)", dijo Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight.
La autoridad fiscal puede pedir la información en cualquier momento y el plazo de entrega es de 15 días hábiles, que puede extenderse 10 más, señala el Código Fiscal.
Un beneficiario controlador es quien se beneficia por su participación en una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, según el SAT.
Barrera recomendó tener siempre esta información y no esperar a que la autoridad la solicite.
Sin embargo, explicó, hay casos donde no es posible identificar al beneficiario controlador.
Por ejemplo, las empresas que cotizan en la BMV por ley no pueden revelar datos de los tenedores de acción, por lo cual hay imposibilidad legal para identificar al beneficiario controlador.
En esos casos aplica una regla que apunta que se debe asignar al administrador único de una sociedad o a su consejo de administración como beneficiario, aunque antes debe hacerse un análisis que determine que no es posible identificar a un beneficiario controlador.
En contraste, en otros casos como empresas familiares, es más sencillo identificar al beneficiario, que serían accionistas, pero personas físicas, detalló.
Deloitte México recomienda en un análisis tener procedimientos internos para que los beneficiarios les proporcionen la información precisa, así como que informen de cualquier cambio en su condición.
En caso de no tener la información, el SAT puede aplicar multas que van desde 500 mil hasta 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador, a lo que se suma que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales se emitirá en sentido negativo, advierte.
Además, reportar información de manera inadecuada se considera un delito penal que se castiga con hasta tres años de...
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