Fiscalías ignoran la violencia contra periodistas
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Tres secuestros. Tortura. Amenazas de muerte. Campañas de desprestigio. Así "vivió" Gildo Garza por más de una década en uno de los estados más peligroso para ser periodista. Tamaulipas era su casa, pero por poco se convirtió en su posible tumba. En este lugar, desde hace más de una década, el crimen organizado y el gobierno atacan por igual a los comunicadores.
A mediados de 2017 llegó la última amenaza: "Tienes unas horas para dejar Tamaulipas. Si no, te matamos a tu familia y hasta al perro". En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) le dijeron que la agresión venía del estado, pero no podían probarlo. Gildo llevaba varios años denunciando la corrupción que encerraba el gobierno tamaulipeco. Eso fue suficiente. Con unas cuantas maletas, abandonó su hogar y se fue a la Ciudad de México con su familia.
En la capital buscó a varias autoridades, pero en ese peregrinar se dio cuenta de que "hay casos de primera, segunda y tercera clase. No es lo mismo llegar de un medio grande que de uno pequeño". Así recurrió a la CNDH. Como él, 640 periodistas tocaron la misma puerta entre 2006 y septiembre de 2018, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL. En tres de cada 10 de estas quejas ?es decir, 191?, aparece una de las máximas autoridades de procuración de justicia: la Fiscalía General de la República (FGR). Los principales motivos: no integrar de manera adecuada las carpetas de investigación, faltas en el desempeño de sus funciones o prestar indebidamente el servicio público.
Una situación similar ocurre con las fiscalías de los diferentes estados. En la mitad de las 158 quejas en las que se enlista a alguna de éstas, los motivos son las irregularidades y deficiencias al momento de construir los expedientes.
Las principales instituciones encargadas de velar por la justicia son las más sordas y ciegas ante las agresiones que sufren los periodistas. "Descubrimos que hay omisiones en la actuación, indebida diligencia y que incluso hay averiguaciones previas que llevan más de 15 años", explica Édgar Corzo, quinto visitador de la CNDH.
En 2011 se registró la cifra más alta: un total de 66 quejas. El 33% ocurrieron en la Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua. Ese año, la Policía Federal encabezó la lista: en los siete casos se le acusó del empleo arbitrario de la fuerza pública.
De las más de 600 quejas que tiene la comisión...
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