Felipe Díaz Garza/ Que paguen los que tienen
| Autor | Felipe Díaz Garza |
El Estado debe estar separado de cualquier sector (o secta) cuyo impacto sobre la sociedad sea tan determinante que, por seguridad de todos, deba ser regulado por el Gobierno. Lo que llamamos rectoría económica del Estado no es otra cosa que una separación tajante entre el Estado y los profesionales del dinero, como la que existe entre la Iglesia y el Estado.
La dichosa rectoría económica no significa asociación entre ambos sectores, sino subordinación de los empresarios al Gobierno, para vigilar que los inversionistas se beneficien, sí, pero sin perjudicar a la sociedad. Esta separación entre el sector gobierno y empresarios es particularmente necesaria en México, pues aquí impera la desigualdad social, que flagela a docenas de millones de miserables en extremo y pobres sin adjetivos y que beneficia a un grupo muy reducido de ricos en extremo y ricos sin adjetivos.
Es peligroso que el Gobierno esté más sensibilizado a las necesidades de los ricos que a las de los pobres. No es que las necesidades de los ricos carezcan de importancia, pero los pobres son mayoría en este país y constituyen el único sector con el que el Estado no debe, aunque pueda hacerlo, establecer una separación, como debe, aunque no pueda hacerlo, establecerla con los dueños del dinero para que la desigualdad social, quizás inevitable, no sea acompañada peligrosamente por la absolutamente evitable explotación de los pobres por los ricos.
Lo invito, vecino, a quitarse de los ojos la venda del slogan y aceptar que esta reina de montañas, que es Monterrey, no es una ciudad tan moderna, civilizada y rica como la venden los empresarios regios en la publicidad que hacen para conseguir socios en el extranjero. La nuestra es una ciudad trabajadora, sí, pero habitada mayoritariamente por trabajadores de clase media (los que quedan vivos), pobres sin adjetivos y pobres extremos (que aquí también los hay y muchos). De allí que el Estado y su Gobierno deban separarse cuidadosamente de los intereses empresariales, aunque sean empresarios el Gobernador actual y el anterior, que por cierto son primos y socios.
Quiero referirme específicamente al aumento a las tarifas del transporte urbano que un feliz, inconsciente, ignorante y empresarial Consejo Estatal del Transporte está proponiendo para su aprobación al Gobierno del Estado que preside el empresario y ex líder de empresarios Fernando Canales.
El transporte es malo, nadie puede contradecirme. El transporte es culposamente peligroso...
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