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Felipe Díaz Garza / Quiero un abogado

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Vincent
AutorFelipe Díaz Garza

Siendo tantas las decisiones malas por torpe incompetencia de Jaime Rodríguez Calderón, es injusto no ponerle palomita a las dos o tres acciones más o menos buenas que ha emprendido.

Es el caso sin duda de su apoyo irrestricto a la proposición legislativa que exige que tanto servidores públicos regulares como empresarios proveedores del Gobierno presenten una declaración 3de3, que transparente la situación financiera y legal de las dos partes de la danza de los contratos por obras y servicios públicos, lo que antes sólo era obligación de los empleados del Gobierno.

Naturalmente ha habido una gran oposición de los empresarios que alegan, como el director general de la Coparmex Nuevo León, José Carrillo Gutiérrez, que "los empresarios no son servidores públicos".

Carrillo explicó que la 3de3 implicaría, además de cumplir con los requisitos de una licitación, detallar cuentas bancarias, propiedades, bienes del cónyuge y de accionistas, en el caso de personas morales.

"Tal medida generaría una falta de interés por proveer productos o servicios al Gobierno, al poner en riesgo la seguridad de los empresarios".

La Coalición Anticorrupción integrada por diversos organismos, como la Caintra y Canaco Monterrey, aseguró que la ley propuesta y luego aprobada por el Congreso el pasado 15 de mayo vulnera derechos humanos, como la privacidad y protección de datos personales.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León, también rechazó las reformas.

"Estos cambios provocarían que se transgreda la Constitución", señaló, "ya que, como sabemos, la Carta Magna excluye a los particulares de la obligatoriedad de presentarla".

La misma supuesta inconstitucionalidad fue alegada por el alegador quarterback profesional moral de peso completo y ex Diputado federal del PRI, Héctor Gutiérrez.

¿Tanta alharaca por una prueba de confianza?

Expertos norteamericanos en derecho suelen decir que, al menos en las series supuestamente basadas en hechos reales, cuando un ciudadano investigado por delitos pide un abogado antes de decir nada, eso quiere decir que es culpable.

Oponerse por principio a una legislación que transparente, fiscalizándola, la situación económica y profesional...

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