Felipe Díaz Garza / No tienen
| Autor | Felipe Díaz Garza |
Durante los tres años siguientes a la terminación de su comisión republicana, un grueso blindaje presupuestal cubrirá guaruras y carro blindado para ex funcionarios del gobierno de Nuevo León, su esposa, sus hijos mayores de 15 años y sus papás.
De acuerdo con el Reglamento que Regula el Otorgamiento de Protección a la Integridad Física de los Servidores Públicos del Estado -publicado en el Diario Oficial el sábado y en vigor desde el domingo-, la seguridad de cada ex funcionario que califique y su familia podría incluir a 42 escoltas y autos blindados, lo que costaría cerca de 7 millones de pesos al año, si se considera a la esposa, sólo dos hijos mayores de 15 años y los padres del protegido ex funcionario.
El Reglamento fue emitido con base en el Artículo 54 de la Ley de Seguridad Pública expedida en septiembre del 2008, que amplió de dos a tres años la protección para los ex funcionarios y estableció la posibilidad de pedir una prórroga. Los funcionarios activos y salientes con derecho a protección son el Gobernador, el Secretario general de Gobierno, el Procurador, el Secretario de Seguridad Pública, el comisario general de la Agencia Estatal de Policía y el comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria.
Esta protección privilegiada también incluye al Subprocurador del Ministerio Público, el director general de Averiguaciones Previas, el director general de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como cualquier funcionario relacionado con la seguridad pública que tenga riesgos por su cargo. Del Poder Judicial del Estado están el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrados, los jueces de lo Penal, los jueces mixtos y los secretarios.
Seguramente habrá a quien le parecerá exagerado y, sobre todo, dispendioso aplicar tan cuantiosos recursos (además escasos) a proteger tan bien mañana a los que tan mal nos protegen hoy. Es legal, sí, porque ellos mismos, con la complicidad de legisladores despistados, cuando no irresponsables, armaron un marco legal convenenciera y discriminatoriamente interpretado y aplicado. Ese marco legal es el mismo, o forma parte de la misma estructura de justicia, que ordena y regula el blindaje del presente de todos los ciudadanos de Nuevo León.
Desde nuestro presente ciudadano de inseguridad pública generalizada, ese mismo esquema ordena y regula el blindaje del futuro de un reducido grupo de gobiernícolas, responsables precisamente de la inseguridad pública, dado que, contra la...
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