Felipe DÃaz Garza / ¡Manos arriba!
| Autor | Felipe DÃaz Garza |
La ley es la misma para todos, pero no todos somos de los mismos. Aunque suene heterodoxo, casos hay en que el qué depende del quién. Sabemos que nadie puede ser declarado culpable, encarcelado y condenado por un delito sin que el Ministerio Público pruebe irrecusablemente que cometió ese delito y menos sin que un juez haya dictado sentencia. Pero a veces el interés y la seguridad públicos justifican y exigen tomar medidas preventivas contra un sospechoso cuya calidad y condición ponen en riesgo vidas y haciendas.
Cuando hay la presunción no probada de que un policía está cometiendo malas acciones y aplicando la ley a la ofensiva de la sociedad, sus superiores inician obligadamente una investigación, sin meter al presunto a la cárcel, pues nadie puede ser encarcelado sin pruebas en su contra. Pero no se le deja completamente suelto ni se le mantienen completos su poder y su autoridad.
Culpable o inocente, al policía en predicamento se le retiran su placa y su pistola, su identidad y el armamento para respaldarla. Además se le saca inmediatamente del servicio regular y se le asigna, por no decir que se le consigna, a un trabajo de escritorio. Eso mientras se investiga y determina si es o no probable el delito presumido. Si lo es, ahora sí que el delincuente va a dar con sus huesos a una cárcel.
Así sucede o debe suceder en los casos de policías infractores o sospechosos de infractores. El Estado no debe permitir que un hombre armado con identidad y armamento policiaco ande suelto en las calles si se presume que es un delincuente peligroso. La ley es la misma para todos, pero no todos somos de los mismos. Con la misma lógica, un funcionario público que es señalado por la sospecha de abuso de sus funciones en perjuicio de los ciudadanos (sus iguales ante la ley, pero no tan iguales) debe ser separado, por lo pronto, de su placa y su pistola. Eso aunque la corrupción que de él se presume sea sólo una hipótesis que ha de ser investigada y, en su caso, conducir al encarcelamiento y procesamiento del desleal empleado.
Conservar armados y con birrete al tesorero ratero, al procurador extorsionador o al secretario de Estado traidor es un riesgo social tremendo, que la presunción de sus delitos no justifica. Además la evidenciación de un solo expediente hace válido mandar amarrar a todos los presuntos al escritorio de ujier de oficina, aunque luego haya que pedir disculpas y exculpar a 99 de cada 100.
La ley es la misma para todos, excepto para los...
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