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FALACIAS DEL PODER / ¡Contrarreforma!

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Vincent
AutorJesús Ibarra

El pasado viernes, sin discusión, se aprobó en comisiones del Congreso de Jalisco la Reforma 2.0 al Sistema Local Anticorrupción. Lo aprobado retoma algunas ideas de las organizaciones sociales y académicas en la superficie, sólo para aparentar sintonía con la iniciativa ciudadana. En el fondo incluye un ingenioso mecanismo de administración de la impunidad que traiciona los puntos irrenunciables de la propuesta original.

El albazo vino precedido de un distractor: la supresión de los honorarios de quienes integramos el organismo ciudadano del sistema, ahí se quedó la discusión y el escándalo, suficiente para no percatarnos del "mecanismo" que, de aprobarse, entrega el control institucional de la corrupción a la clase política. El tema de las percepciones se debe discutir con seriedad (lo trataré en una próxima opinión), pero palidece frente al secuestro de la autonomía y atribuciones de las instancias del sistema.

Si miramos los casos recientes de corrupción en Jalisco se observa la reforma a modo. La corrupción urbanística no sufrirá cambio alguno, al dejar de lado el delito de "afectaciones al desarrollo urbanístico o al ordenamiento territorial", con lo cual, casos similares al de Iconia seguirán teniendo un arreglo político, en el mejor de los casos con algunas sanciones administrativas a funcionarios de nivel medio.

El modelo de compras continuará igual. Aunque atinadamente se incorpora el principio de compras abiertas y de empresa pro-integridad, no se obliga a que las adquisiciones del gobierno sólo sean para ese tipo de empresas; tampoco se aceptó la propuesta de excluir del padrón de proveedores a aquellos con operaciones presuntamente inexistentes (factureras). Así, casos como "A Toda Máquina" podrían repetirse en cuanto a la posibilidad de dirigir el proceso de asignación y no profundizar en los conflictos de interés.

La Fiscalía Anticorrupción (FA) se debilita. Se aceptó la propuesta de crear una Unidad de Inteligencia Financiera, pero estará a cargo de la Secretaría de Hacienda Pública, que elaborará reportes a efecto de "prevenir y combatir los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita". Es decir, será juez y parte cuando se trate de dar seguimiento al rastro del dinero corrupto. Tal modificación, como ocurre en el orden federal, permitirá hacer un uso político de esta poderosa herramienta de investigación.

Por si fuera poco, se eliminan las actuales atribuciones de la FA para...

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