Explotan 'pirámides' vacío legal

AutorOctavio Pineda

Corresponsal

BOGOTÁ.- El escándalo de las "pirámides financieras" en Colombia fue posible por los vacíos legales, la negligencia de las autoridades para actuar y las jugosas rentas que ofrecían y que sedujeron a los más pobres, según expertos.

Estas empresas captadoras de fondos que ofrecían rendimientos de hasta 400 por ciento, pagados con el dinero de los nuevos inversionistas, habían proliferado como hiedra en el país andino en años recientes.

Su colapso, que comenzó hace dos semanas, generó graves disturbios, protagonizados por inversionistas temerosos de perder su dinero, dejó tres muertos y obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia para hacer frente al fenómeno.

Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, advierte que los promotores de estas captadoras ilegales de dinero aprovecharon los resquicios de la ley colombiana.

Según el Código Penal del país, la captación masiva y habitual de dinero, sin la debida autorización, es ilegal.

Sin embargo, como las penas eran de entre dos y seis año de prisión, y por lo tanto, excarcelables, no servían como fuerte inhibidor para este tipo de actividades.

Además, de acuerdo con analistas, las autoridades tardaron en intervenir, lo que agravó la situación.

El titular de la Superintendencia Financiera, César Prado, quien dimitió ante la ola de disturbios, alegó que no contaba con las herramientas jurídicas para frenar las "pirámides".

Dos días después de su renuncia, al amparo del estado de excepción, el Gobierno de Álvaro Uribe expidió decretos con fuerza de ley que elevaron las penas de cárcel para la captación ilegal de dinero y tipificaron como delito no devolver los mismos.

Se ordenó asimismo, el cierre de todas las "pirámides", incluida DMG, que contaba con más de 200 mil afiliados, y el arresto de su dirigente, David Murcia Guzmán, logrado el miércoles pasado.

"Las mismas autoridades reconocieron su tardanza, su falta de diligencia, para impedir que este tipo de negocios durara tanto tiempo, se extendiera tanto e involucrara a tanta gente", subrayó Rangel.

"El Gobierno fue completamente responsable por omisión, porque era algo de conocimiento público, evidente", opinó por su parte el politólogo Alejo Vargas.

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