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Explotación sexual digital lacera a Chiapas

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Vincent

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- En Chiapas hay alrededor de 125 mercados de explotación sexual digital, donde más de 800 mujeres, jóvenes y niñas son exhibidas a través de fotos y videos sin que ellas hayan dado su consentimiento.

De acuerdo con Olimpia Coral Melo, activista de la alianza Defensoras Digitales, del Frente Nacional para la Sonoridad, Chiapas es una de las cinco entidades donde se ha detectado mayor cantidad de contenidos que violentan a las mujeres en la web. Los videos y fotografías van desde imágenes de ellas caminando, hasta el llamado "etnoporno".

Los mercados de explotación sexual digital, explica Coral Melo, pueden ser páginas en redes sociales, sitios pornográficos y también carpetas de contenido en la nube, donde la imagen de las mujeres es expuesta sin su permiso e incluso, en casos más graves, también son difundidos sus datos personales.

En este contexto, este domingo los legisladores locales discutirán en sesión extraordinaria dos únicos temas: la Guardia Nacional y la adición al Código Penal del estado del delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal, mejor conocida como la "Ley Olimpia". De aprobarse, quien cometa este ilícito podría recibir seis años de prisión o más.

Hasta ahora, sólo dos entidades del país han modificado sus leyes para penalizar la violencia digital: Puebla y Yucatán. Ambos cambios tuvieron lugar el año pasado.

Es real. Olimpia, quien en 2013 fue víctima de violencia digital en su estado natal, Puebla, es la impulsora de esta ley que contempla tipificar el ciberacoso y otras violencias en la web, como la sextorsión y la trata virtual.

La propuesta contempla que las autoridades estén obligadas a bajar los contenidos de la red, investigar y sancionar a los responsables con penas de tres a seis años de prisión. Además, se exige que se promueva la educación digital.

En el caso específico de Chiapas, por las características de la violencia en el estado ?que activistas han determinado a través de la elaboración de un perfil?, la pena sería de seis años, sin derecho a fianza y podría aumentar si la víctima pertenece a algún grupo vulnerable, como población indígena.

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