Que expide la Ley General de Educación Superior, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT
| Fecha de publicación | 14 Septiembre 2020 |
| Número de Gaceta | XXII - 5608 |
| Sección | Iniciativas |
Que expide la Ley General de Educación Superior, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 10, numeral 2 del Reglamento para la Contingencia Sanitaria que la Cámara de Diputados aplicará en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante el tercer año legislativo de la LXIV Legislatura, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior , al tenor de los siguientes
Antecedentes
El pasado 15 de mayo de 2019 se promulgó el decreto de reforma a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultado de la discusión entre las iniciativas del Ejecutivo Federal y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, ambas presentadas en diciembre de 2018. En el artículo sexto transitorio del artículo 3o. vigente, se estableció como plazo el 2020 para expedir la Ley General de Educación Superior, que deberá considerar a las escuelas normales.
En la construcción de los consensos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, abonó en la creación de un marco institucional estratégico para permitir el ejercicio a plenitud del derecho fundamental a la educación para todas las personas en el advenimiento de la Cuarta Transformación de México. En una mirada nueva, se redefinió la relación entre los sujetos titulares del derecho y los recursos suficientes, puntuales y crecientes para garantizar dicho derecho. En materia de derechos sociales, se asumió un paradigma garantista y una férrea defensa de la educación pública, con la encomienda de contribuir a la satisfacción de las apremiantes necesidades de amplios sectores de la población mexicana, que no ha tenido la posibilidad de acceder a alguna institución de educación superior.
Es éste un punto de partida relevante que va a permitir apuntalar la educación superior pública. En este sentido, la presente iniciativa tiene, el rango de una reforma estructural del Sistema Nacional de Educación Superior, toda vez que define y acota el ámbito desde el que hay que discutir el estatus de los derechos bajo los principios de intangibilidad de la dignidad humana, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte.
Resulta importante destacar que el artículo 3o. constitucional establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, pero no como una mera utopía irrealizable, sino como un derecho humano fundamental que posibilita el pleno desarrollo de la personalidad y la salvaguarda de la dignidad, a partir de la protección y respeto de la diversidad humana. Es por esto, que es necesario partir de normas específicas orientadas a erradicar la exclusión, cimentadas en el valor de la igualdad en la diversidad y en un sistema de oportunidades equivalentes, para que cada persona reciba en función de lo que necesita. Es claro que, se requiere de manera urgente de una eficaz ampliación distributiva del derecho a la educación superior y de los mecanismos para garantizar su gratuidad como un derecho exigible y justiciable.
Las injusticias socioeconómicas y socioculturales alentadas por el modelo económico neoliberal impusieron un apartheid educativo y un freno al desarrollo intelectual de las personas en situación de desventaja y vulnerabilidad. En consecuencia, resulta prioritario trabajar en un ideal democrático de Nación, como elemento esencial de la vida organizada en sociedad, donde los espacios y servicios públicos eliminen las circunstancias que han venido acentuando la segregación, las diferencias y desigualdades entre la población, porque en las Universidades e Instituciones de Educación Superior públicas, todos tienen cabida, independientemente de cualquier singularidad personal, social, étnica o económica.
Para ello, es imprescindible presentar una Ley General de Educación Superior con las herramientas constitucionales, participativas, pedagógicas, organizativas y sociales necesarias para generar oportunidades equivalentes en el nivel superior con el fin de alcanzar igualdad en el desarrollo cognitivo y cultural que, al conquistarse, ayudarán a luchar contra la pobreza, la desigualdad y las brechas de desarrollo social que imperan en nuestro país, toda vez que es en la educación superior en donde con mayor claridad se mantiene el carácter elitista que sólo favorece a las clases privilegiadas y que mantiene en estado de exclusión a la gran mayoría de población joven. Saber analizar las profundas inequidades e intolerancias, resulta útil para vislumbrar la construcción de ambientes fincados en los derechos humanos y en valores como el pluralismo, la justicia social, la ética, el respeto mutuo, la tolerancia y la solidaridad.
Con esta convicción, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo plantea una iniciativa de fondo en materia de educación superior, centrada en un proyecto político y legislativo garantista, vinculado de manera permanente con la sociedad, sus prioridades y necesidades actuales y futuras. Entendemos, por tanto, que el derecho a la educación superior debe convertirse en un “Nuevo Pacto Social Educacional” , que defina condiciones, problemáticas, escenarios y compromisos entre todos los actores sociales. Es decir, una política educativa de Estado con visión y misión de largo aliento. Para ello, a lo largo de la presente Legislatura, hemos dado seguimiento e impulsado iniciativas que consideramos vitales para el goce y disfrute del derecho fundamental a la educación, a través de tres ejes de acción:
1) Incorporación del principio de intangibilidad de la dignidad humana, dirigido a la transformación de los procesos pedagógicos, educativos, escolares, familiares, comunitarios, culturales, sociales, económicos y jurídicos que subyacen a la educación;
2) Fomento del tránsito hacia un sistema educativo nacional incluyente, transparente, equitativo y plural, acorde con principios de los derechos humanos;
3) Aseguramiento de un proceso de deliberación y participación ciudadana amplia, que brinde legitimidad y fortaleza a la propia legislación.
Por lo tanto, la Ley que se presenta deriva no sólo de un diagnóstico cuidadoso sobre la situación de la educación superior en México, sino de las múltiples recomendaciones y propuestas realizadas por la sociedad civil, el magisterio nacional, estudiantes, padres de familia, investigadores, académicos destacados y diversos actores de la educación, los cuales han trabajado durante más de dos años junto al Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, para lograr unificar una gran riqueza y diversidad de planteamientos, problemáticas y necesidades.
La sociedad dio un voto de confianza a las y los legisladores del Partido del Trabajo, quienes tenían delante de sí una enorme encomienda. Indudablemente, la Ley General de Educación Superior debía responder a una añeja demanda de la sociedad frente al acelerado proceso de privatización y mercantilización de la educación superior, convirtiéndola en un “bien privado” para el consumo de élites privilegiadas y, por lo tanto, una prerrogativa de la que muy pocos pueden disfrutar.
Estos hechos, permiten dar cuenta de una realidad: el tipo de educación superior es un relato del tipo de sociedad y de economía que se ha construido. La crisis neoliberal global, ha puesto en evidencia las condiciones críticas en las que se encuentra la educación superior en México. Nuestro Sistema Nacional de Educación Superior se ha contagiado de motivaciones corporativas y mercantiles, ligadas a intereses de producción y acumulación del capital. Grandes empresas y organismos internacionales transformaron a las Universidades e instituciones de educación superior en “fábricas del conocimiento”, desarrollando una versión de “capitalismo cognitivo”, que derivó en enormes ganancias a dichas corporaciones nacionales e internacionales. Para lograrlo, fue necesario cooptar los órganos de poder y de toma de decisiones al interior del Sistema, para imponer sus intereses de clase, eliminar lo público y desregular la educación superior para así poder privatizarla. Este proceso, segmentó y dividió a la sociedad1 .
De ahí nuestro interés de transitar de una sociedad elitizada, a un proyecto de sociedad democrática para todas y todos, y es justamente en esta dirección que se enfilan los planteamientos de esta Ley. Se debe ubicar con precisión qué se requiere para devolver a la educación superior su lugar como instrumento para alcanzar el bien común y satisfacer el interés general. La construcción de un nuevo orden social implica la emancipación de las universidades e instituciones de educación superior, fuentes generadoras de pensamiento y acción social.
Bajo este marco, es indispensable impulsar una voluntad colectiva transformadora para articular la defensa de la educación superior pública, interpelando críticamente al Estado para que asuma una genuina deselitización y despatriarcalización de la educación superior, para poder así cohesionar a los miembros de una sociedad participativa, en cuyo seno se formará al sujeto social de pensamiento crítico que asumirá en el futuro inmediato las cada vez más complejas responsabilidades sociales.
En este sentido, esta ley nace con el propósito de aglutinar las voluntades necesarias para dar un impulso inédito al derecho fundamental a la educación...
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