Que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Responsabilidades Administrativas, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena
| Fecha de publicación | 22 Noviembre 2018 |
| Número de Gaceta | XXI - 5161 |
| Sección | Anexos |
Que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Responsabilidades Administrativas, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado; se reforman los artículos 7, 10, 49, 53, 59 y se adicionan los artículos 7 Bis, 43 Bis, 60 Bis, 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; se reforma el segundo párrafo y la fracción II del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se reforma el artículo 29 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma el artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano , conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La austeridad republicana de Estado es un modo de vida democrático sustentado en el interés general, en la sobriedad de la vida pública y privada y en la entrega abnegada al cumplimiento del mandato popular. Un gobierno austero es aquél que no malgasta en cuestiones superficiales y vanas el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social que emergen del mandato popular.
El derecho ciudadano a la “buena administración” es una necesidad que caracterizará la Cuarta Transformación. Éste se garantizará a través de la instauración de un gobierno probo, profesional, honesto y efectivo. Es necesario, construir un Estado social y democrático de derecho que transite hacia un Estado Constitucional de Derecho donde el ciudadano sea el eje rector y donde la buena administración pública se oriente a defender el interés general, para fungir como garante de los derechos humanos.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece: “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”
Así se debe entender que la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, son los criterios con los que se rinden cuentas en el uso de los recursos públicos. En caso de que estos principios se transgredan, podemos encontrarnos ante la posible comisión de faltas administrativas o de hechos de corrupción, atendiendo a la gravedad y naturaleza de cada conducta.
Por otro lado, el tercer párrafo del artículo 1o. de la CPEUM, señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Por ello, todas las acciones, procesos y políticas del Estado que tengan por objeto promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, deben ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Si no se unen estos dos ámbitos de acción, podría actualizarse la comisión de conductas contrarias a la norma.
Por ello, obedeciendo al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de julio, se somete a esta soberanía una “Ley de Austeridad Republicana de Estado” que se configurará como un elemento indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México. A partir de esta ley, la austeridad republicana será un principio conductor de la buena administración y se convertirá en eje estratégico del gasto público. También permitirá que la austeridad republicana se establezca como principio rector de observancia obligatoria para todo servidor público y como política de Estado transversal para todo el gobierno.
Austeridad Republicana vs. Austeridad Neoliberal
El presente proyecto de decreto está construido sobre la base de un concepto de “austeridad republicana” que recoge lo mejor de la historia de nuestro país, y se aleja de la aplicación neoliberal, de la austeridad funcional al menoscabo de los gobiernos y al pisoteo de los derechos sociales. La austeridad neoliberal ha funcionado bajo la lógica de reducir la justicia social y los gastos de inversión del gobierno. El neoliberalismo ha avanzado afectando derechos y disminuyendo recursos a los programas sociales, con objeto de beneficiar sólo a los intereses de unos cuantos. Muestra clara de lo anterior, es que en los últimos años se han aplicado graves recortes a programas sociales prioritarios como el programa de Abasto Social de Leche Liconsa; el de Abasto Rural de Diconsa; el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; el programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia; la Pensión para Adultos Mayores y los programas de los Comedores Comunitarios, entre otros.
La presente iniciativa, transita en sentido contrario al neoliberalismo, propone una “austeridad de Estado” de corte republicana. Nuestro país es constitucionalmente una “república”, en otras palabras, un cuerpo político orientado a velar por el interés social, comprometido a evitar el despilfarro y la avaricia en el gasto público; considerando que debe ser el detonante para impulsar el interés social. Por ello, la austeridad republicana es una obligación del Estado hacia todos los mexicanos.
Se propone una “austeridad republicana” que adelgace el gasto burocrático del gobierno, los gastos innecesarios y onerosos, pero que respete y aumente los derechos sociales de toda la población en el marco del principio de progresividad de los derechos fundamentales. La fundamentación jurídica es abundante en este tema, tanto en tratados internacionales de los que México es parte, como “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” o el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, por citar algunos ejemplos.
En este sentido, la “austeridad republicana” que caracterizará la política de Estado austero de este gobierno, auspiciará un gobierno sobrio, eficaz y fielmente comprometido a impulsar el imperativo ético de evitar el derroche de los recursos públicos y a cumplir con nuestra Constitución. Un gobierno republicano, democrático y austero, destinará los recursos públicos al correcto ejercicio de las tareas y funciones de los servidores públicos, salvaguardando en todo momento el patrimonio del Estado.
La política de austeridad republicana de Estado que la presente ley busca instaurar, estará orientada a que los servidores públicos observen en su actuar, los principios de la buena administración, como derecho fundamental de los individuos, a fin de preservar el régimen democrático, garantizar el interés general, por sobre los intereses particulares y siempre la dignidad humana.
Gobierno Rico vs . Pueblo Pobre
En México existe una alta burocracia, se trata de una casta de altos funcionarios públicos que con el dinero del pueblo realizan compras abusivas para su beneficio personal, como celulares de lujo, vehículos blindados, frecuentes viajes y transportación en clases ejecutivas. Esta burocracia es de las mejores pagadas a nivel internacional. De acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1 la alta burocracia mexicana es la segunda mejor pagada de toda América Latina, sólo después de Colombia. En 2016 un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganaba más que el presidente de Alemania o de Italia. En 2017 el sueldo de un Director Ejecutivo de una empresa privada es de aproximadamente 190 mil pesos mensuales mientras que en las altas burocracias un director de área puede llegar a ganar más de 280 mil pesos mensuales.
Los ingresos anuales de los altos funcionarios del gobierno mexicano son más elevados que de los estadounidenses, suizos, franceses, noruegos y casi de todos los países de la OCDE. Las percepciones de los funcionarios mexicanos solo son superadas por funcionarios colombianos, representando trece (13) veces el Producto Interno Bruto per cápita, mientras que los menos pagados son los funcionarios de países como Islandia y Noruega, representando no más de cuatro (4) veces el producto interno bruto per cápita.
Ello contrasta con la situación salarial en nuestro país en donde también con datos de la OCDE, México se ubica en un promedio salarial de 4.6 dólares diarios, mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE es de 18.8 dólares diarios.2
De acuerdo con datos del Banco Mundial, el producto interno bruto (PIB) de México equivale a 21,6 billones de pesos aproximadamente. El crecimiento anual del PIB se encuentra en el 2.0 por ciento, en cambio, la inflación alcanza el 6.1 por ciento.3 Lo que muestra un diferencial negativo de inflación equivalente a -4.1 por ciento, lo que tiene impacto en las finanzas públicas y en el bienestar de los mexicanos.
El país tiene una deuda histórica con los sectores más desvalidos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con datos a 2016, México tiene 43.6 por ciento de población4 viviendo en pobreza, lo que equivale al 53.4 millones de personas.5 De éstas, el 9.4 millones de personas se encuentran en pobreza extrema, o sea, el 7.6 por ciento de la población.
La OCDE también ha sostenido que...
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