La ética de defender a un presunto culpable o empresa acusada
| Fecha de publicación | 02 Febrero 2024 |
Según Juan Pablo Reyes, de El Sol de México, el académico Miguel Ontiveros y prestigioso penalista, se encargaría de investigar al exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, sin embargo, "por motivos personales" declinó a horas de asumir oficialmente el cargo en la entonces procuraduría mexiquense. Hoy se encarga de llevar la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero y de participar en sobornos dentro del caso Odebrecht.
No conozo personalmente a Miguel Ontiveros. Conozco su intachable prestigio académico y profesional. Sin embargo, a inicios de julio decidió asumir la defensa de Lozoya Austin, luego de que decidiera acelerar su extradición a nuestro país para enfrentar las imputaciones que le hace la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos delitos cometidos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Escribo este artículo por dos argumentos que olvida la prensa, y que supone un atentado a la buena fama de las personas: una, que éticamente un abogado puede defender a una persona que la prensa o un sector importante de la población considera culpable. Y el otro, que tiene relación con el anterior, es la presunción de inocencia de la que goza toda persona, se trate de quien se trate, mientras el gobierno -en este caso la Fiscalía- no demuestre con pruebas lícitas que esa persona es culpable y que hay parámetros probados en el expediente (lo que no está en el expediente no forma parte de la verdad legal y es la única que permite éticamente basar al juez su condena, y que en dado de duna, como dice el principio jurídico, in dubio pro reo, es decir, en caso de la duda debe absolverse al presunto culpable. El procesado tiene derecho a una defensa por medios éticos, que desmienta la acusación del Fiscal, si ésta no fundamentó la culpabilidad por medios lícitos.
Y digo esto además, porque la actual administración acusa a jueces de dejar en libertad a supuestos criminales, por falta de pruebas y en principio al presunción de inocencia. Esos jueces obraron de conformidad con la ética jurídica, porque es a la Fiscalía demostrar la culpabilidad de una determinada persona, por pruebas lícitas. Si la Fiscalía no hace su trabajo, el culpable no es el juez, como nos pretende hacer AMLO, sino sus agentes federales, el MP y las Fiscalías ahora ya además autónomas -al menos en el papel-.
Y varios periodistas, cuyos comentarios vamos a señalar a...
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