ESSA, ¿rescate imposible?
| Fecha de publicación | 26 Febrero 2024 |
Por Alberto Aguirre
Valuada en 175 millones de dólares, la mayor salinera a cielo abierto del mundo tenía un solo cliente y éste había suspendido las compras del llamado oro blanco, desde hace tres meses. Al límite, en la Isla de Cedros, montañas de producto esperan barcos de gran calado; Buena Ventura, de bandera panameña, llegó a finales del año pasado y no se ha movido.
La sal industrial y la salmuera residual son los únicos productos de Exportadora de Sal, empresa ahora 100% propiedad del gobierno mexicano, tras de la adquisición del 49% de las acciones que tuvo Mitsubishi Corporation. Mientras existió la sociedad –48 años— el gigante nipón tuvo un contrato de exclusividad. El precio de la tonelada, fijado por las bolsas, cerró arriba de los 25 dólares por tonelada métrica en el 2023 y para el socio-comprador (con nuevos surtidores en Australia y el cono sur) su inversión en México ya no resultaba tan rentable.
Y tras de una década de la amenaza de un take over hostile decidió aceptar la solución final propuesta por Raquel Buenrostro. México erogó 85 millones de dólares… y asumió un pasivo contingente que podría llevar a la quiebra a ESSA. Mediante un método de evaporación, produce 8 millones de toneladas de sal marina cada año y 17 millones de toneladas de salmuera —con altas concentraciones de sustancias químicas, potencialmente peligrosas—, que desde 25 años son almacenadas en terrenos ejidales.
En la última década, la empresa ha tenido nueve directores generales y enfrenta un cúmulo de demandas que amenazan su viabilidad. En 2016, Packsys —una comercializadora asentada en México— reclamó una indemnización de 1,800 millones de dólares, por la cancelación de un contrato para desalojar las piscinas de salmuera residual firmado con el entonces director, José Humberto López-Portillo.
Packsys pagaría entre cuatro y 6.50 dólares por tonelada de salmuera —el precio dependía del lugar de entrega—, mientras que ESSA se comprometía a venderle 10 millones de toneladas anuales; el contrato establecía un plazo mínimo de 40 años y en casos de controversia, sujetaba a las partes a las leyes aplicables en Los Ángeles. El contrato fue presentado al Consejo de Administración, el 25 de febrero del 2014, aunque López-Portillo Basave dejó su cargo a finales de ese año y su sustituto se negó a cumplir con las órdenes de compra de la salmuera residual, por lo que Packsys acudió a la Corte de California, el 17 de septiembre de 2015. Esa...
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