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Esperan torturadas libertad por decreto

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Vincent

"Llevo 9 años recluida en Santa Martha por el delito de secuestro agravado. (...) Me amenazaron, me torturaron con meter a mi hijo a la cárcel y sólo así firmé una declaración que ellos ya tenían lista", relata Liliana Yépez.

Deyanira Velázquez escribe: "Me dieron una sentencia de 59 años por un delito que no cometí. Solicito que sea revisado mi caso. Me detuvieron sin una orden de aprehensión (...) me torturaron y me obligaron a declararme culpable".

Liliana y Deyanira, como tantas otras mujeres que han denunciado haber sido víctimas de tortura para autoincriminarse por delitos graves como secuestro o contra la salud, esperan obtener su libertad con el decreto anunciado por el Ejecutivo.

Esa ventana para liberar a personas que hayan sido torturadas podría ser muy grande, pero tiene un escollo: probarlo con el Protocolo de Estambul, advierten defensoras de derechos humanos.

"El problema es que jueces y fiscalías siguen haciendo caso omiso de las denuncias de tortura por parte de detenidas o procesadas. Esto significa que muchas personas que están en prisión que fueron torturadas no van a contar con el Protocolo de Estambul", indica Viridiana Valgañón, abogada de Equis Justicia para las Mujeres.

El otro obstáculo es que los Protocolos que les han practicado muy probablemente tienen resultado negativo.

"La autoridad que se encarga de investigar la tortura es la Fiscalía que, en muchos casos, es la que comete tortura por medio de policías que realizan las detenciones. Entonces tenemos muchos casos de encubrimiento", acusa.

Ángela Guerrero, directora de CEA Justicia Social, demanda a quienes van a redactar...

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