El escándalo de Punta Banda
| Autor | Guillermo Correa / APRO |
MEXICO.- Tras 14 años de litigios por un predio del estado de Baja California, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió resolver el problema pero, al parecer, lo complicó porque afecta a unas 300 familias estadounidenses que, mediante acuerdo con ejidatarios asesorados por la Secretaría de Reforma Agraria, construyeron residencias allí.
Se trata del caso Punta Banda, cuyas playas, en el municipio de Ensenada, son bañadas por el Océano Pacífico. A ese lugar llegaron, el 30 de octubre, 200 elementos de la Policía Federal Preventiva para apoyar a la SRA en el desalojo de los extranjeros y de campesinos del ejido "Coronel Esteban Cantú", a fin de restituir 180 mil metros cuadrados a la empresa Purúa Punta Estero.
La sentencia de la Corte, provocó protestas en las cámaras de Senadores y de Diputados, donde legisladores del PRI y del PRD advirtieron que podría desatarse un escándalo y conflicto internacional.
Insistieron en que, para enfrentar el problema, debía recurrirse al diálogo y no a la fuerza pública, además de considerar que el artículo 107 de la Constitución establece que en conflictos como este debe estar por encima el "interés social".
A su vez, la Confederación Nacional Campesina que dirige Heladio Ramírez López -central a la que pertenecen los ejidatarios afectados- lamentó el hecho y, en un comunicado oficial, manifestó que es el inicio de una escalada en contra de la propiedad social y de la obra del agrarismo revolucionario.
Cruz López, ex delegado de la Procuraduría Agraria en Chihuahua y enviado por la CNC a Baja California para asesorar a los campesinos, deplora que, por decisión de la Suprema Corte, la SRA se haya visto obligada a quitar a los campesinos parte de la tierra que la propia SRA les entregó en agosto de 1973.
Lo grave es que con acciones como ésta los antiguos hacendados van a empezar a carcomer los casi 30 mil ejidos que hay en el país animados como están, manifestó, por la llegada a la Presidencia del panista Vicente Fox.
Según el cenecista, en el país existen alrededor de 4 millones de hectáreas que, en poder de campesinos, las autoridades agrarias consideran "demasías" o "excedencias" que no están registradas en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y que, en consecuencia, podrían correr una suerte parecida.
En entrevista con Proceso, Cruz López aclara que los campesinos de Baja California no se van a quedar así y que pueden generar una rebelión en toda la entidad, donde el 80 por ciento de los ejidos con vista al mar se encuentran en poder de extranjeros, a través de la figura del "fideicomiso" que estableció el Presidente Luis Echeverría.
Y cuenta que unos días después del desalojo trascendió que el grupo Purúa propuso a las familias estadounidenses expulsadas que todo podría seguir igual a cambio de 25...
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