Escalan pugna entre PGR y jueces
| Autor | MURAL / Staff y Abel Barajas |
Mientras juzgadores estiman que los fiscales no fundamentan sus expedientes y peticiones, estos últimos acusan que funcionarios judiciales obstaculizan sus investigaciones
Paran otra petición para catear juzgado
Abel Barajas
MÉXICO.- El Juez Segundo Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, Martín Adolfo Santos Pérez, rechazó una solicitud de la PGR para catear un juzgado federal en Veracruz.
La PGR solicitó el cateo como parte de una investigación contra un juez y seis funcionarios, a quienes acusó de pretender firmar una orden de aprehensión con una fecha falsa.
Santos es uno de los jueces contra los que la PGR también pidió una aprehensión, la semana pasada, al acusarlo de obstruir una investigación porque negó un cateo contra la casa de Efraín Cázarez López, el juzgador que liberó a implicados en el "michoacanazo".
En el caso de Veracruz, la decisión de Santos fue confirmada el lunes pasado por un tribunal unitario, de acuerdo con fuentes judiciales.
La indagatoria de la PGR contra el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Penal Federal de Villa Aldama, Veracruz, deriva de una solicitud de orden de aprehensión contra un presunto traficante de indocumentados, la cual fue requerida el mes pasado a Raúl Angulo Garfias, titular de ese juzgado.
Por tratarse de un expediente por delito grave, Angulo en teoría debió resolver en 24 horas la diligencia de captura; sin embargo, lo hizo tres días después y pretendió notificarla con fecha del día siguiente de recibida la consignación, según acusó la PGR.
En las constancias ministeriales se asentó que un fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) rechazó ser notificado con un documento con una fecha que no correspondía a la realidad y llamó a su superior en la Ciudad de México para consultarle la situación.
Su superior en la SIEDO le instruyó grabar una conversación con un actuario judicial que supuestamente dijo que el juez sólo aceptaría notificar la aprehensión con la fecha que él quería.
La SIEDO incluyó la transcripción de esta conversación como una prueba de delito en la solicitud del cateo. La indagatoria fue elaborada en contra del juez, dos secretarios y cuatro oficiales judiciales.
Las instancias jurisdiccionales negaron el allanamiento porque consideraron que un operativo de ese tipo daría a los fiscales federales un acceso indebido e ilegal a información ajena a su investigación.
...Y la...
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