Es ganón con Covid papá de funcionario
| Autor | Ángel Charles |
En el contrato para habilitar y equipar el Hospital General de Sabinas Hidalgo que atenderá casos de Covid-19, los padres de un funcionario del DIF estatal salieron ganones.
Una investigación de EL NORTE detectó que la Administración del Gobernador Jaime Rodríguez asignó de manera directa -bajo el argumento de la pandemia- un contrato a la empresa Construcciones GV de Monterrey, por un monto de 19 millones 335 mil 846 pesos.
Según datos obtenidos en el Registro Público estatal, la empresa es propiedad de Sergio Eduardo González Flores y Beatriz Adriana Medina Cantú, padres de Sergio Adrián González Medina, quien es subdirector de Mantenimiento del DIF estatal desde enero del 2019.
González Medina ha ocupado diversos cargos en el Gobierno de "El Bronco", pues según consta en su currículum, entre 2015 y 2016 fue Director de Construcción en el Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva.
Además, en el 2018 ocupó la Dirección de Edificación en la Secretaría de Infraestructura, dependencia que le asignó el contrato a la empresa de sus padres.
Fuentes estatales señalaron que la familia González Medina es allegada al Secretario de Infraestructura, Humberto Torres.
El pasado 14 de abril, la Secretaría de Infraestructura le asignó el contrato 20-04-012 a la constructora, con recursos para enfrentar la pandemia.
En el micrositio donde el Estado reporta los gastos derivados de la emergencia se detalla que el contrato corresponde a la sustitución por obra nueva y equipamiento del proyecto Hospital General de Sabinas Hidalgo, sexta etapa, en el segundo nivel de hospitalización para reconversión Covid-19 del ala sur.
Se afirma que el proyecto de construcción fue realizado con recursos federales.
González Medina es uno de los 572 servidores públicos señalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haber incurrido en responsabilidades al recabar firmas en horario laboral para la campaña presidencial de "El Bronco".
Abogados consultados apuntaron que, con el contrato, podría incurrirse en tráfico de influencias, según el Artículo 61 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, donde el servidor público utilizando su cargo pudo inducir a otro funcionario para sacar beneficio.
Añadieron que los dueños de la constructora podrían caer en el mismo delito al usar su influencia sobre cualquier servidor público para obtener un beneficio, según el Artículo 68 de la misma ley.
TODO QUEDA EN FAMILIA
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba