Entrampados en Tlayapaca
La situación legal del predio de Tlayapaca es más compleja de lo que aparenta, ya que existen dos decretos alrededor de él y un pago de cerca de 112 millones de pesos por cesión de derechos tanto a los pepenadores que supuestamente habitaban el predio como a la inmobiliaria del gobierno, Servimet.
La historia de Tlayapaca comienza cuando el predio fue expropiado, y más adelante, en octubre de 1988, es desincorporado de los bienes del entonces Departamento del Distrito Federal por Miguel de la Madrid.
En este decreto se establecía que se autorizaba la enajenación a título oneroso en favor de los beneficiarios del programa de reubicación de los Pepenadores del tiradero de basura de Santa Fe.
"Una desincorporación a título oneroso significa que los beneficiarios tienen preferencia para comprarlo antes que nadie, no se trataba de un regalo", explicó el abogado Federico Vergara.
"Las autoridades no podían disponer a su libre arbitrio del predio, tenía un fin específico", señaló el abogado constitucionalista Alfredo del Valle.
Algunos pepenadores entrevistados manifestaron que sus líderes les decían que no pagaran, que ellos arreglarían todo.
"Un sólo recibo de pago, por una pequeña cantidad, los hubiera protegido", manifestó el civilista Miguel Angel Mora Bravo.
En 1994 se hizo un intento por vaciar Tlayapaca, cuando el gobierno pagó indemnizaciones de 30 mil pesos y entregó departamentos a las personas que vivían ahí.
Las autoridades afirman que unas pocas familias de derechosos originales, pero la población de Tlayapaca volvió a crecer, llegaron "paracaidistas" e incluso algunos de los que habían recibido departamentos volvieron.
Un decreto presidencial no expira nunca, pero si puede revocarse si después de 10 años el bien desincorporado no se utiliza para los fines que se determinaron, según lo establece la Ley General de Bienes Nacionales, dijo Del Valle.
En el caso de Tlayapaca, la revocación apareció en un decreto publicado en la gaceta del Distrito Federal el 15 de diciembre de 1998, que señalaba la desincorporación del resto del predio, y autorizaba su enajenación a título oneroso a favor de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., la inmobiliaria del gobierno.
"En 1988 el Presidente tenía esa facultad sobre los bienes del distrito Federal, pero desde las elecciones de 1997 solo la tiene el jefe de gobierno", puntualizó del Valle.
Al habitar un predio, aunque no se ostente la propiedad, se generan derechos de posesión, esto significa que...
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