El entramado Álvarez Puga
| Autor | Abel Barajas |
Durante la gestión de Miguel Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación, el sistema penitenciario federal asignó dos contratos por un total de 2 mil 950 millones de pesos de la Partida de Gastos de Equipo de Seguridad a una empresa que no fue localizada en ninguno de sus 4 domicilios registrados.
Se trata de Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. (SPICSA), compañía que se encuentra en el centro de la investigación que derivó en las 12 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y "factureros", así como contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.
El 18 de agosto y 17 de octubre de 2016 el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Segob le adjudicó en forma directa dos contratos para equipar los penales federales con tecnología de vigilancia, el primero por mil 950 millones y el segundo por mil millones de pesos.
El primero sirvió para adquirir el sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia (C5AI), que vigilaría a 10 penales de alta seguridad, entre ellos los del Altiplano, Occidente y Matamoros, con una vigencia al 31 de diciembre de 2016.
Con el otro, se pagó la interconexión de los penales federales de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán y el Femenil de Morelos al sistema del mencionado C5AI, cuya vigencia concluiría el 31 de marzo de 2017.
Clasificada en el presente sexenio por el Servicio de Administración Tributaria como "facturera", desde el 4 de marzo de 2020 al 2 de febrero de 2021 la Policía Federal Ministerial buscó el domicilio de la proveedora y nunca lo halló.
En Avenida Jesús del Monte 39 B, oficina 701, en Huixquilucan, Estado de México, los agentes se enteraron que desde abril de 2020 la empresa ya no estaba allí y que ahora el inmueble lo ocupa el Corporativo Diamante Interlomas.
El domicilio fiscal de Paseo de la Reforma 505, piso 42, Suite F, en la Colonia Cuauhtémoc, ya estaba desocupado; y la oficina de Paseo de la Reforma 39, Interior 7, colonia Centro, resultó ser sede de la delegación regional norte del ISSSTE y no de SPICSA.
Por último, en la dirección de Avenida Santa Fe 440, piso 5, Colonia Cruz Manca, en Cuajimalpa, tampoco había rastro de la compañía, pues en este lugar tiene sede la empresa tenedora de acciones Bluwall, señalan informes de la investigación.
En una revisión, la presente administración corroboró que la proveedora proporcionó las licencias de funcionamiento hasta para 10 mil cámaras y 64 mil dispositivos IP, además de que instaló los servidores de aplicaciones y Firewall en las 7 prisiones del segundo convenio.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República detectó que los índices de los dos contratos eran casi idénticos en varios apartados y que repiten, por ejemplo, la entrega de 32 pantallas cuyos modelo y número de serie son iguales, aunque en teoría esa entrega sólo estaba prevista para uno de los convenios.
También repiten en cantidades, modelos y números de serie de...
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