Para entender la reforma electoral
| Autor | Jorge Alcocer V. |
La reforma constitucional en materia electoral de 2007 tiene, como sus antecesoras, una trayectoria sin la cual no es posible entender sus contenidos. Quizá el antecedente equiparable sea la reforma política promovida en 1977 por don Jesús Reyes Heroles, que inauguró el ciclo que ahora se proyecta como la tercera generación de cambios estructurales en el sistema político-electoral de México. Tres décadas después asistimos a cambios que trascienden la esfera puramente electoral para entrar de lleno al terreno del poder y las condiciones de la competencia por acceder a él.
La de 1977 fue una reforma política en el sentido de abrir paso a un nuevo sistema de partidos con el objetivo explícito de incluir a la entonces principal fuerza de la izquierda opositora, el Partido Comunista Mexicano, privado de sus derechos legales desde 1948. Los antecedentes de aquel cambio se remontan a las movilizaciones de protesta de mediados y fines de los años sesenta del siglo pasado, entre las cuales el movimiento estudiantil de 1968 fue un punto de llegada. Cuando Reyes Heroles alertaba sobre los riesgos de "despertar al México bronco", sabía de lo que estaba hablando. Las guerrillas rural y urbana habían irrumpido en el escenario de los primeros años de la década de los setenta; un sistema monolítico empujó a centenares de activistas de izquierda a buscar con las armas el cambio que parecía negado a través de los cauces legales. En las elecciones de 1976 el pluripartidismo de aparador se colapsó por la decisión del PAN de no lanzar candidato presidencial. La sovietización del sistema electoral mexicano alcanzó en aquel año su punto máximo: partido único, candidato presidencial único. Eso fue lo que corrigió la reforma política de 1977, aunque quizá su autor nunca previó que cinco lustros más tarde el cambio por él impulsado conduciría a la alternancia en el Poder Ejecutivo.
Entre la crisis política abierta en 1968 y la primera reforma política transcurrió casi una década. En contraste, entre la crisis del sistema electoral que desató el fraude de 1988 y la primera de las reformas de segunda generación (1990) transcurrieron menos de dos años. El reclamo opositor dejó de lado la integración de las Cámaras del Congreso; con todo y sus graves defectos, la reforma electoral de 1986 había entregado, sin que nadie lo pidiera, una generosa ampliación del espacio legislativo para las minorías al duplicar el número de curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados, e instaurado la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal y el primer Tribunal Electoral.
En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral y se dio el segundo paso en la creación de un Tribunal Electoral con facultades todavía limitadas pero mayores a las de su antecesor. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) sepultó al anterior, el Código de 1986, y dejó atrás la ley electoral de Reyes Heroles. En septiembre de 1993 otra reforma, casi olvidada y de hecho nunca aplicada en varias de sus disposiciones constitucionales, abrió el espacio para la presencia opositora en el Senado y dispuso, bajo ciertas...
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