Enrique Díaz-Infante Chapa / Reforma a Ley Eléctrica y Afores
| Autor | Enrique Díaz-Infante Chapa |
El pasado 3 de marzo, el Senado aprobó la iniciativa preferente del Titular del Ejecutivo para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual previamente había sido aprobada en Diputados, por la mayoría de Morena. Contra la misma es de esperar se venga una avalancha de demandas legales y juicios arbitrales reclamando su nulidad. Con independencia del resultado jurisdiccional favorable que se espera obtengan los demandantes en los juicios que se interpongan, este populismo nacionalista traerá menos inversión privada y crecimiento del País. También tendrá efectos negativos en el ahorro para el retiro de los trabajadores invertido en el mercado eléctrico a través de las Afores, el cual sufrirá minusvalías y eventuales pérdidas.
Los cambios legales son inconstitucionales por afectar las condiciones de competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica en beneficio de CFE y en perjuicio de otros generadores de electricidad. La LIE -antes de estas reformas- permitía la participación de los particulares en la producción y comercialización de electricidad para venderla a CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) o a cualquier suministrador calificado autorizado por la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, la reforma establece reglas de despacho de energía en favor de la que genere CFE, en primer lugar, y después para darle salida a la que generen las compañías privadas. Con estos cambios se desincentivará la inversión privada en energías renovables, pues ya no se comprará la electricidad a la empresa que -conforme a subasta- la venda más barata.
Estas modificaciones a la LIE matan el mercado eléctrico mayorista al eliminar la competencia entre generadores y desincentivar la instalación de nuevos proyectos de generación más eficientes y limpios. Por la afectación que se va a generar a consumidores en precio, a las empresas que invirtieron en el mercado de energía y al medio ambiente, es de preverse que se vendrá una avalancha de amparos y acciones de inconstitucionalidad por violaciones a la Carta Magna. También se vendrán infinidad de juicios arbitrales por trasgresiones al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) al estarse favoreciendo a las empresas del Estado en perjuicio de la inversión extranjera. Y aunque es de esperarse...
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