Endurecerá NL penas a plagios

AutorNelly Juárez

El Gobierno del Estado prepara una iniciativa de reformas al Código Penal que endurece las penas contra secuestradores, creando agravantes para aplicar una sanción adicional contra ellos si, por ejemplo, son o fueron amigos o parientes de la víctima, o incluso servidores públicos, como policías.

El proyecto contempla, además, la ampliación del concepto de secuestro y la inclusión de sanciones para quienes participan como mediadores o difunden mensajes de los secuestradores, fuera del derecho a la información.

Luis David Ortiz, Subprocurador Jurídico del Gobierno del Estado, explicó que, con la reforma, habrá una pena adicional de 2 a 10 años de cárcel contra los secuestradores si en la acción del delito cometieron ciertas agravantes.

Actualmente, el Artículo 357 del Código Penal contempla una pena de 15 a 40 años de prisión para los plagiarios.

La sanción extra se aplicaría si el o los delincuentes tienen o tuvieron una relación de parentesco, gratitud, amistad, confianza o trabajo con la víctima.

La misma pena deberá ser impuesta cuando el secuestrador sea o haya sido servidor público o desempeñado una actividad, pública o privada, relacionada con la seguridad, así como si el plagio se lleva a cabo en más de un Estado.

Otra modificación amplía el concepto de secuestro, agregando que también se configura aunque no se pida rescate.

"Se impondrán de 15 a 40 años de prisión y multa de 500 a 2 mil cuotas cuando la privación de la libertad tenga carácter de secuestro en alguna de las formas siguientes: ...detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera", establece el anteproyecto.

El Subprocurador adelantó que la propuesta de reforma se enviará en el segundo periodo de sesiones del Congreso local.

Añadió que en el proyecto también hay modificaciones que buscan proteger a la víctima de un secuestro.

La creación de un Artículo 358 bis 1 en el Código, explicó, se propone para imponer de 3 a 10 años de prisión y multa de 200 a 500 cuotas al que, en un secuestro, actúe como intermediario en las negociaciones, sin el acuerdo de quienes gestionen a favor de la víctima.

Además, se aplicaría la sanción a quien colabore en la difusión pública de los mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la información.

La reforma contempla castigar también a quien aconseje obstruir la actuación de las autoridades...

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