Endurecen castigos por ordeña de ductos
MÉXICO, D.F., marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Con un listado de penas que van de cinco a 60 años prisión, el pleno del Senado aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de combatir con fuerza el robo de combustibles, petroquímicos e, incluso, de crudo que lleva a cabo la delincuencia organizada en la industria petrolera.
La ley también castiga la venta de litros incompletos de gasolina y diésel, así como de volúmenes de gas licuado de petróleo inferiores a los que se facturan al consumidor.
El concesionario y sus operadores que incurran en estas prácticas delictivas pueden hacerse acreedores a cárcel, multa y pérdida de la concesión, en proporción al volumen del combustible no despachado.
Así, por extraer sin autorización en cantidades menores a 300 litros hasta más de 30 mil hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos o instalaciones de asignatarios, contratistas o permisionarios, se impone cárcel de cinco hasta 30 años. Además, multa de 40 mil a 50 mil días de salario mínimo.
El Senado aprobó que sea delito grave la ordeña de ductos, el robo de crudo en campos de producción, así como en puertos de embarque, área de las que se reconoce control del crimen organizado.
Empleados de Pemex y población de las localidades acceden bajo amenaza de muerte a los propósitos de los delincuentes, denunció el senador Omar Fayad (PRI), al presentar del dictamen al pleno.
También se impone de cinco a 10 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo a quien venda al consumidor litros incompletos de gasolina y diésel, y cometa fraude al despachar gas LP.
La ley, que ataca un problema creciente desde el año 2000, fue aprobada por 80 votos en favor del PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal, y siete en contra del PT, incluido un perredista.
El presidente en turno de la Mesa Directiva, José Rosas Aispuro (PAN), turnó la minuta a la Cámara de Diputados para su revisión.
Fayad Meneses, autor de la iniciativa, explicó que se tipifica el delito de terrorismo en instalaciones petroleras que será sancionado con 40 y hasta 60 años de prisión y multa de 65 mil y hasta 75 mil días de salario mínimo.
Para el caso de sabotaje en equipos, instalaciones o bienes muebles o inmuebles de la industria de los hidrocarburos, la sanción va de 30 a 40 años de prisión, y multas de 50 mil y hasta 65 mil días de salario mínimo.
El legislador priísta explicó al pleno que en ningún caso se podrá...
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