Empujan búsqueda
| Autor | Víctor Fuentes |
MÉXICO.- Dos jueces federales llevan más de dos meses buscando en todo el país a una docena de jóvenes desaparecidos en Tamaulipas, entre febrero y mayo, a punta de multas y amenazas de arresto por autoridades poco colaborativas.
Los jueces Karla Macías, Novena de Distrito en Irapuato, y Oscar Zúñiga, Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, han girado decenas de exhortos a procuradurías, cárceles, hospitales públicos y privados, centros psiquiátricos, cementerios, zonas militares, estaciones migratorias y policía federal y local para que busquen a jóvenes presuntamente desaparecidos por elementos de la Marina.
Lo anterior, gracias a amparos promovidos por familiares que reprochan la falta de respuesta.
El Secretario de Marina, Vidal Soberón, ha sido multado varias veces por la tardanza para rendir informes, en los cuales la dependencia ha negado operativos en las fechas de desaparición, así como tener bitácoras o geolocalización de sus unidades.
"En un primer momento, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina informó que el personal naval no llevó a cabo ningún operativo el 17 de febrero de 2018 en Nuevo Laredo", reportó el juzgado en el amparo del joven Alférez.
"Posteriormente se desdijo y aclaró que el personal naval sí había realizado patrullajes el 17 y 18 de febrero de 2018, pero que no había bitácora ni registro del personal participante o las calles que recorrieron", agregó.
El 6 de agosto, la Sedena reportó que en marzo de 2014 detuvo en Nuevo Laredo a un "Nain Ignacio Alférez Hernández", que pudiera ser homónimo de Noé Ignacio, y que lo puso a disposición "de la autoridad competente".
En el caso de Noé Alférez Hernández, secuestrado el 18 de febrero por supuestos marinos, la familia depositó 6 mil pesos luego de una llamada para pedir rescate.
Aunque el nombre del titular de la cuenta fue requerido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta respondió que necesitaba el dato del banco al que pertenece; tras la respuesta, la Jueza dio 48 horas a la CNBV para que encuentre la información sin poner pretextos.
Otro caso es el de Marco Romero Sánchez. La Jueza requirió a Banorte informar si el 18 de abril, entre las 5 y 7 de la mañana, se hicieron operaciones con su tarjeta en una tienda y una gasolinera de Nuevo Laredo.
El banco respondió que solo puede aportar los datos si la gasolinera y la tienda son parte en el juicio, a lo que el Juez reiteró la orden y amenazó con multa si no...
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