Empresa / ¿Apretón final?
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
En lo que constituyó una sorpresa frente a la calma chicha en que vivía la empresa siderúrgica, atrincherada en la protección sin límite de la suspensión de pagos, entre el 7 de mayo y el 27 de junio del año pasado la Secretaría de Hacienda formuló cuatro querellas por supuesta defraudación fiscal equiparada contra Altos Hornos de México.
En todos los casos el presunto ilícito lo constituía la omisión del Impuesto Sobre la Renta retenido previamente a los trabajadores.
La factura global del reclamo de la dependencia encabezada por Francisco Gil Díaz ascendía a 24 millones 695 mil pesos, o si lo prefiere 2 millones 295 mil dólares, sobre la base de una paridad de 11 pesos.
El amago más cuantioso apuntaba directo a la propia firma con sede central en Monclova, con un global de 11 millones 181 mil pesos que habían sido retenidos en junio del 2002.
Ahora que a su vez tres filiales de la empresa que al momento de acogerse al paraguas de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos arrastraba una deuda de mil 800 millones de dólares, es decir, Servicios Corporativos AHMSA, La Perla, Minas de Fierro y Carbón, y Minera Carbonífera de Río Escondido, debían 6 millones 150 mil; 5 millones 742 mil y un millón 616 mil, respectivamente.
Las querellas, planteadas ante la Procuraduría General de la República por el subprocurador Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ambrosio de Jesús Michel Higuera, apuntaban en el primer caso al presidente de la firma sembrada alguna vez como la más importante de su género en América Latina, Xavier Desiderio Autrey Maza; su vicepresidente, Alonso Ancira Elizondo, y "quien resulte responsable"...
En el segundo y en el tercero, la presunción de responsabilidad, además de los señalados, involucraba al tesorero, Jorge Alberto Ancira Elizondo, y a los vocales del Consejo de Administración, Manuel Arturo Ancira Elizondo, Juan Carlos Carredano Pérez, Telbert Gustafson y Juan Orozco Carrera.
En el último, los dardos apuntaban también a los consejeros Obert Dietch, Tomás Reed, y Aniel Kuri Breña Romero de Terreros, además del director general de la carbonífera, Guillermo Ancira Elizondo.
El caso es que analizados los expedientes por el Ministerio Público Federal, éste dictaminó en todos los casos el no ejercicio de la acción penal, señalando como exposición de motivos que los tributos emitidos habían sido ya cubiertos por la denunciada... por más que en el alegato de la Secretaría de Hacienda se...
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