Empresa / Meollo del asunto
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
Estamos hablando de la instrucción del Legislativo para implantar un severo programa de austeridad que incluye la compactación de estructuras administrativas, a la vera del cual el Ejecutivo lanzó a los cuatro vientos el anuncio de un despido fulminante de 50 mil trabajadores públicos... endosándole la responsabilidad a los legisladores.
De acuerdo al artículo de la discordia, el Gobierno foxista debe cancelar la creación de nuevas plazas; olvidarse de incrementos salariales a mandos medios y superiores; mantener un máximo de tres Subsecretarías o su equivalente a las dependencias, y un máximo de tres directores generales adjuntos o su equivalente por Unidad, Coordinación y Dirección General, además de eliminar las secretarías particulares y asesorías o puestos equivalentes en Unidades, Coordinaciones o Direcciones Generales.
Ahora que la posibilidad de excepciones se someterían a consideración de la Secretaría de la Función Pública... cuyo dictamen se pondría a consideración de la Cámara Baja.
El caso es que la impugnación del catálogo que en su momento le dio rango de ley el Presidente Vicente Fox al firmar el Decreto correspondiente, llega a escasos días de cumplirse el plazo fijado por los diputados para entregar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública un diagnóstico de la cuantificación monetaria de los ahorros a obtenerse y la estrategia de compactación de estructuras.
Lo curioso del caso es que la versión original para justificar la impugnación ante el máximo tribunal de justicia del País, cuyo plazo legal vencía el próximo 15 de febrero, hablaba de que los legisladores se habían despachado con la cuchara grande al momento de redistribuir el presupuesto, al colocar el énfasis de los incrementos justo entre las 14 entidades federativas en las que este año habrá elección para Gobernadores, diputados locales o presidentes municipales.
Entre los ejemplos que se barajaban están las sobreasignaciones por 5 mil 26 millones de pesos a ciertas universidades, entre ellas la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; la Autónoma de Guerrero; la Autónoma de Tabasco y la Autónoma de Sinaloa...
En la formalidad de los documentos entregados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se habla de inconstitucionalidad en la exigencia de la Cámara de Diputados de rendirle informes trimestrales sobre las operaciones de Petróleos Mexicanos; de acotar a determinados montos -concretamente 76 por ciento en el primer caso y 46.9 por ciento en el segundo- las...
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