Elevan penas, suben delitos
| Autor | Martha Martínez |
En mayo de 2009 Ignacio y su esposa Inés fueron sentenciados a dos años de prisión y una multa de 12 mil pesos, luego de que hurtaron de un estacionamiento público un carro de supermercado.
Días antes de ser arrestados, Inés había sufrido un accidente que la dejó discapacitada; sin recursos para acceder a un servicio médico o una silla de ruedas, la pareja sustrajo el carro, propiedad de una tienda de autoservicio y cuyo costo no superaba los mil pesos, para utilizarlo como medio de transporte.
La situación de la pareja, que se ganaba la vida lavando parabrisas en la Avenida Guadalupe de la delegación Gustavo A. Madero, no fue tomada en cuenta por el juez; por el contrario éste impuso su sentencia a ambos: a Ignacio por sustraer el carro y a Inés por apoyarlo.
El caso es uno de los muchos ejemplos de desproporcionalidad de penas que existen en el país.
Endurecimiento irracional
En los últimos 15 años, la respuesta de autoridades y legisladores a la demanda de seguridad pública ha sido el incremento de penas y de las conductas a sancionar. El argumento es que esta fórmula reduce los índices delictivos porque inhibe a los delincuentes de cometer delitos que son castigados con más años de prisión.
La idea es apoyada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en septiembre de 2005 abrió la puerta para la legalización de sentencias que superan el promedio de vida de cualquier persona.
Ese año, el máximo tribunal declaró la constitucionalidad de la cadena perpetua al validar modificaciones al Código Penal de Chihuahua, las cuales prevén la acumulación de penas hasta por 105 años de prisión cuando se trate de homicidio doloso o secuestro en agravio de mujeres y menores.
Aunque la resolución fue apoyada por nueve de los 11 ministros, las dudas sobre la efectividad de la estrategia se hicieron explícitas. Los ministros Jesús Silva Meza y José Ramón Cossío -quienes votaron en contra- advirtieron que nada indica que el endurecimiento de sanciones reduzca los índices delictivos.
Para la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ana Laura Magaloni, el endurecimiento de la política criminal es irracional.
"(El actual) es un Código Penal que refleja toda nuestra incompetencia en el combate al crimen, porque ya ha inflado extraordinariamente las penas y ha dejado de plantearse las preguntas relevantes, que son ¿quiénes deben estar en la cárcel?, ¿cuánto tiempo? y ¿qué buscamos lograr con ello?", señala.
Magaloni asevera que la estrategia ha sido capitalizable política y electoralmente, porque resulta más fácil prometer mano dura que hacer los cambios de fondo que se requieren para combatir el delito.
"En algún lugar sigue siendo sexy en términos electorales y políticos el incremento de penas. Claro, mejorar las procuradurías y tener una policía eficaz son promesas que toman muchos años, en cambio la del Código Penal se traduce en la votación de un día, de unos senadores y diputados que levantan la mano, es de efecto inmediato en términos mediáticos, pero no en términos de eficacia y de realidades concretas para los ciudadanos", subraya.
La especialista cuestiona que mientras en el mundo se discute la eficacia de utilizar la cárcel como principal mecanismo de control del delito, en México ni siquiera se ha planteado la necesidad de realizar un estudio que refleje el impacto real del sistema penitenciario como instrumento disuasorio.
Las reformas hechas al Código Penal en los últimos 15 años han hecho de la mexicana una de las políticas criminales más severas de América Latina y otras regiones...
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