Ejecutoria num. 304/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-11-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

Fecha de publicación17 Noviembre 2023
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Noviembre de 2023,0
EmisorPrimera Sala

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 304/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE FEBRERO DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS J.L.G.A.C., QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y A.G.O.M., Y DE LA MINISTRA A.M.R.F.. DISIDENTE: MINISTRO J.M.P.R., QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. AUSENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: MINISTRA A.M.R.F.. SECRETARIO: S.A.P.L..


ÍNDICE TEMÁTICO


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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:


SENTENCIA


Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 304/2022 denunciada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.


El problema jurídico para resolver en este caso consiste en determinar si esta Primera Sala es legalmente competente para conocer y resolver este asunto respecto de algunos de los tribunales cuyos criterios contienden, así como dilucidar si es procedente el análisis de fondo de esta contradicción para establecer si conforme al artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal debe agotarse el recurso de revocación en contra de un acuerdo dictado por el tribunal de alzada que inadmite el recurso de apelación durante el procedimiento de ejecución de sanciones penales.


ANTECEDENTES DEL ASUNTO


1. Denuncia de la contradicción. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios existente entre el sustentado por ese tribunal al resolver el amparo en revisión 98/2022, el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que emitió al resolver el amparo en revisión 36/2022, y el criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer del diverso amparo en revisión 113/2022, en relación a la observancia al principio de definitividad, esto es, si previo a promover un juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consista en el auto que desecha un recurso de apelación dentro de un procedimiento tramitado con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe agotarse el recurso de revocación.(1)


2. Admisión y turno. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente 304/2022, precisó que este Alto Tribunal no es competente para resolver las contradicciones de Tribunales Colegiados de la misma especialidad y Circuito, como lo son el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que ordenó enviar copia de las constancias pertinentes para su trámite ante el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.


3. No obstante, admitió a trámite la denuncia presentada respecto de todos los Tribunales Colegiados de Circuito para efectos de la contradicción de criterios en virtud de las particularidades que de su estudio pudieran derivar, y determinó que por razón de la materia, corresponde conocer del caso a esta Primera Sala, ordenó la integración del cuaderno auxiliar y turnó los autos a la ponencia de la M.A.M.R.F..


4. Avocamiento y vigencia de los criterios. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la entonces Ministra presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento del asunto, asimismo, tuvo por recibido el informe del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito por el que precisó que su criterio sigue vigente.


5. Por otra parte, se solicitó al Pleno en Materia Penal del Primer Circuito para que informara el trámite que dio a la contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, así como de la notificación a dichos órganos del acuerdo de radicación.


6. Posteriormente, en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó que su criterio está vigente.


7. Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, la entonces presidenta de la Primera Sala advirtió que el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito omitió informar sobre el acuerdo de radicación de la posible contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, así como de su notificación a esos órganos jurisdiccionales.


8. Asimismo, adujo que aun ante la falta del informe pendiente es posible entender preliminarmente que subsiste un probable punto sobre la materia de contradicción que es competencia de este Alto Tribunal, lo cual fue destacado en el acuerdo de admisión del entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.


I. COMPETENCIA


9. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del País;(2) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(3) así como 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo Plenario Número 5/2013.(5)


10. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos en asuntos del orden penal, cuya materia corresponde con la especialidad de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se adviertan motivos para la intervención del Tribunal Pleno.


11. Sin embargo, más adelante se precisan los motivos por los que este Alto Tribunal no es competente para conocer de los criterios sustentados por dos de los Tribunales Colegiados que formaron parte de la denuncia respectiva y que cuentan con la misma especialización dentro del mismo Circuito.


II. LEGITIMACIÓN


12. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(7) la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quienes emitieron la sentencia que dio origen al amparo en revisión 98/2022, cuyo criterio contiende en el presente asunto.


III. CRITERIOS DENUNCIADOS


13. Para una mejor comprensión del asunto, se realiza una síntesis de los principales argumentos que sustentaron las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito que contienden en la presente contradicción de criterios.


A.C. del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 98/2022


14. Causa penal. El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México condenó al señor persona A, a cuarenta años de prisión, por los delitos de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, así como en la modalidad de secuestro en grado de tentativa, y lesiones.


15. Determinación administrativa. Durante el procedimiento de ejecución, el dos de octubre de dos mil veinte, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México calificó la legalidad de la determinación administrativa consistente en el traslado del señor persona A, del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", en El Salto, Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas", en Villa Comaltitlán, Chiapas.


16. Recurso de apelación. Inconforme, el señor persona A interpuso recurso de apelación. El doce de agosto de dos mil veintiuno, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, al pronunciarse de plano sobre la admisión del recurso, determinó declarar sin materia la apelación porque mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la desincorporación del Sistema Penitenciario Federal del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente". Por ello, no existe materia de análisis para el recurso hecho valer.


17. Juicio de amparo indirecto. Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, el señor persona A promovió un juicio de amparo indirecto que correspondió conocer al Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Almoloya de J., Estado de México, bajo el expediente (número de expediente). Por resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, un tribunal auxiliar sobreseyó en el juicio de amparo, en esencia, por las siguientes razones:


a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el señor persona A no agotó el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo indirecto.(8)


b) El señor persona A tenía la obligación de agotar el recurso de revocación previsto por los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual era susceptible que el auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, fuera confirmado, revocado o modificado.(9)


c) Conforme a la contradicción de tesis 153/2019, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un medio de defensa amplio que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que resuelven sin sustanciación.(10)


d) El auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación emitida dentro del procedimiento penal y de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, ya que no resuelve el fondo de la causa penal o pone un término al procedimiento, ni involucra la respuesta de los agravios formulados por el recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos previstos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así como las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del citado ordenamiento legal.(11)


e) El artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula que se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin que exista sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación.(12)


f) Así, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario agotar el recurso de revocación antes de acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad.(13)


g) Por tanto, si el acto reclamado se emitió con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales y dicho acto se considera de mero trámite para efectos de la procedencia del recurso de revocación, es inconcuso que el señor persona A no agotó el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.


18. Recurso de revisión y sentencia objeto de contradicción. El señor persona A interpuso recurso de revisión el doce de febrero de dos mil veintidós. Del asunto conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que lo registró con el número de expediente 98/2022.


19. Por resolución de veintiocho de julio de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:


a) Es infundado el recurso de revisión interpuesto por el señor persona A, a pesar de suplir la deficiencia de la queja, pues consideró que el Tribunal Unitario, legalmente decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.


b) Sin embargo, precisó que dada la naturaleza jurídica del acto reclamado la legislación aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal y no el Código Nacional de Procedimientos Penales.


c) Lo anterior, pues en la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra previsto el recurso de revocación que a consideración del Tribunal Colegiado, debió ser agotado previamente por la parte quejosa.


d) Si bien en el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales para todo lo no previsto en aquella ley, lo cierto es que son inaplicables los artículos 465 y 466 del código adjetivo en cita, en lo relativo al recurso de revocación, pues el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula en plenitud ese medio de impugnación.(14)


e) Por esos motivos, la causa de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse en términos del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no respecto de los artículos antes referidos del Código Nacional de Procedimientos Penales.


f) Así, el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, que se interpone en contra de las resoluciones de mero trámite que emiten las autoridades judiciales (J. y tribunal de alzada) con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo.


g) En atención a una interpretación del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que surge de una armonización de la naturaleza, principios y funcionalidad del juicio de amparo, se logra establecer que los tribunales de alzada, dentro de su ámbito de competencia, están legalmente facultados para resolver las cuestiones sometidas a su jurisdicción a través del recurso de revocación que es interpuesto en contra resoluciones de mero trámite durante la sustanciación de esa instancia.


h) Por ello, es válido concluir que el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal procede en contra del auto que no admite un recurso de apelación, al ser un medio de defensa amplio y debe agotarse de manera previa a promover el juicio de amparo.


i) La Primera Sala de la Suprema Corte, se pronunció en términos similares, al resolver la contradicción de tesis 153/2019, al analizar la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(15)


B. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 36/2022


20. Causa penal. El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México condenó a las señoras persona B y persona C a cuatro meses de prisión, por la comisión de un delito de despojo calificado.


21. Procedimiento de ejecución penal. Durante el procedimiento de ejecución, el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el J. Especializado en Ejecución de Sanciones Penales del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, negó a las señoras persona B y persona C el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, y les concedió el plazo de tres días para que restituyeran de manera voluntaria a la ofendida del delito.


22. El tres de noviembre de dos mil veinte las señoras persona B y persona C solicitaron al Juez de ejecución llevar a cabo un incidente para identificar el terreno materia del delito de despojo. El Juez de ejecución negó dicha petición porque el terreno se delimitó en la sentencia de primera instancia.


23. Recurso de apelación. Inconformes, las señoras persona B y persona C interpusieron recurso de apelación. El nueve de julio de dos mil veintiuno, la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, declaró inadmisible el recurso de apelación.


24. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, las señoras persona B y persona C, promovieron un juicio de amparo indirecto en el que reclamaron la citada determinación, pues consideraron que vulneró sus derechos humanos de acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva.


25. Juicio de amparo indirecto. Correspondió conocer del juicio de amparo al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y registró el asunto con el número de expediente (segundo número de expediente). Por resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dicho J. sobreseyó en el juicio de amparo, en esencia, por las siguientes razones:


a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues destacó que los actos reclamados no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución de una sentencia penal.


b) El juicio de amparo es improcedente en contra de los actos de tribunales judiciales que no constituyan la última resolución dictada en un procedimiento de ejecución.


c) Conforme al artículo 156, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tratándose del delito de despojo, el Juez de ejecución ordenará la entrega física del inmueble, en caso de desacato, será la posesión en favor de la ofendida por medio del uso de la fuerza pública la que constituya el cumplimiento de la sentencia, pero no implica la última resolución del procedimiento de ejecución de la sanción penal.(16)


d) Por lo que hasta que el Juez de ejecución emita una resolución en la que reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es que el juicio de amparo será procedente, lo que no sucedió en ese caso.


26. Primer recurso de revisión. Las señoras persona B y persona C interpusieron recurso de revisión. Del asunto conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que lo registró con el número de expediente tercer número de expediente.


27. Por resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para que se diera vista a las señoras persona B y persona C con el informe justificado rendido por el Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México.


28. En cumplimiento a la determinación anterior, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el Juzgado de Distrito se dejó sin efecto la audiencia constitucional de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y se dio vista a las partes con el informe referido.


29. El treinta de diciembre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia constitucional, en la que se reiteraron las razones para sobreseer en el juicio de amparo (cuarto número de expediente).


30. Recurso de revisión y sentencia objeto de contradicción. Las señoras persona B y persona C interpusieron recurso de revisión. Del asunto conoció nuevamente el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que lo registró con el número de expediente 36/2022.


31. Por resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo. Entre los motivos que aquí interesan y que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:


a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues las señoras persona B y persona C debieron interponer el recurso de revocación previo a acudir al juicio de amparo indirecto.


b) El artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal hace referencia al "Juez de ejecución", sin embargo, no ha lugar a una interpretación restringida en cuanto a limitarlo a dicho órgano jurisdiccional, pues también debe incluirse en ese concepto a la Sala que conoce del recurso de apelación en el procedimiento de ejecución.


c) Lo anterior, por existir identidad jurídica con el contenido de la jurisprudencia 85/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(17)


C) Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 113/2022


32. Resoluciones de primera y segunda instancias. El nueve de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el fuero común de la Ciudad de México al señor persona D, en donde fue condenado por la comisión del delito de robo agravado a cinco años, ocho meses de prisión, entre otras sanciones, lo que fue confirmado en segunda instancia.


33. Procedimiento de ejecución penal. Durante el procedimiento de ejecución, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el señor persona D solicitó al Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, que le concediera el beneficio de la libertad condicionada.


34. Por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de ejecución ordenó dar vista a la defensoría pública con la petición del sentenciado, asimismo, precisó que el señor persona D, ya no tenía la calidad de procesado, sino de sentenciado, por lo que ordenó su reubicación al Centro Varonil de Reinserción Social de S.M.A..


35. Recurso de apelación. Inconforme, el señor persona D interpuso recurso de apelación con fundamento en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El doce de enero de dos mil veintidós, la Primera Sala Penal Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, inadmitió el recurso de apelación porque señaló que el auto recurrido no encuadra en las hipótesis contempladas en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.(18)


36. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el señor persona D promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la resolución anterior.


37. Juicio de amparo indirecto. Correspondió conocer del juicio de amparo al Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual registró el asunto con el número de expediente (quinto número de expediente). Por resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dicho J., sobreseyó en el juicio de amparo, en esencia, por las siguientes razones:


a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.


b) El señor persona D tenía la obligación de agotar, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de ese recurso podría modificar, revocar o confirmar el acto reclamado, por lo que no observó el principio de definitividad de manera previa a promover la acción de amparo.


38. Recurso de revisión y sentencia objeto de contradicción. El señor persona D interpuso recurso de revisión. Del asunto conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que lo registró con el número de expediente 113/2022.


39. Por resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo el señor persona D. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:


a) No se comparten las consideraciones del Juez de Distrito por dos razones:


1) La ley aplicable al acto reclamado es la Ley Nacional de Ejecución Penal y no el Código Nacional de Procedimientos Penales.


2) La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé de manera limitativa la procedencia del recurso de revocación únicamente para determinaciones emitidas por el Juez de ejecución.


b) Si bien el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el Código Nacional de Procedimientos Penales será aplicable para aquello no previsto en la primera ley, ello no implica que se deba recurrir a dicha legislación para determinar los recursos que se deben interponer en la etapa de ejecución de sentencia.


c) Lo anterior, en razón que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla de manera expresa los recursos que proceden en la etapa de ejecución (revocación y apelación). De manera que el Código Nacional de Procedimientos Penales sólo es aplicable en aquellas cuestiones no establecidas en dicha normatividad.


d) De ahí que la obligación de agotar el recurso de revocación en contra del acto reclamado debía ser analizada conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.


e) El artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de ejecución y procede en contra resoluciones de mero trámite, asimismo, dicho recurso tiene el objeto que el mismo J. de ejecución que dictó la resolución la analice y dicte la resolución respectiva.


f) Así, se considera que el fundamento del artículo antes referido es insuficiente para determinar que el recurso de revocación procede en contra del auto dictado por el tribunal de alzada que inadmite un recurso de apelación, por lo que no existe obligación de que el señor persona D interpusiera el recurso de revocación previo a acudir al juicio de amparo.


g) La jurisprudencia 85/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte no es aplicable, dado que en la contradicción de tesis 153/2019 se analizó el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no lo establecido en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.(19)


h) En la ejecutoria que dio origen al criterio obligatorio de la Primera Sala se excluyó del análisis a la fase de ejecución, por lo que no se puede considerar que el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede en contra de las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de las sentencias penales.


i) Además, la resolución en la que se determina el lugar en el que habrá de compurgarse la pena, corresponde a un aspecto relativo a la modificación de la pena y de la fracción II del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aprecia que el recurso de apelación procede en contra de las resoluciones que se pronuncien entre otras, respecto a la modificación de las penas, por lo que se trata de una determinación apelable, relacionada con el procedimiento de ejecución.


IV. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES


40. En este punto conviene insertar el siguiente cuadro del cual es posible advertir, de manera sintética, las decisiones centrales adoptadas por los Tribunales Colegiados cuyas resoluciones integran el análisis de este asunto:


Ver cuadro

V. INCOMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER EN PARTE LA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS


41. Como fue adelantado en el apartado II de esta ejecutoria, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es competente para resolver la denuncia de contradicción entre los criterios del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ya que provienen de órganos jurisdiccionales del mismo Circuito, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, y primero, fracción II, este último del régimen transitorio de la Ley de Amparo, así como 3, 4 y 25 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(20) el órgano competente para conocer y resolver la contradicción que hubiere entre ellos es el Pleno del Primer Circuito.


42. Establecida la imposibilidad de resolver sobre la contradicción de criterios respecto de la postura de Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, queda por resolver sobre la contradicción de criterios denunciada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y con el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de forma indistinta.


VI. NO EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS EN LOS POSICIONAMIENTOS DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO


43. Para determinar si existe la contradicción de criterios planteada y, en su caso, resolver el criterio jurídico que debe prevalecer en aras de salvaguardar la seguridad jurídica que debe permear en este tipo de asunto, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales.


44. En efecto, por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en las posturas adoptadas por órganos jurisdiccionales terminales que mediante sus argumentaciones lógico-jurídicas justifiquen sus decisiones en una controversia, independientemente de que hubieran emitido tesis o no.(21)


45. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de posturas contrarias y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:


a) Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.


b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.


c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que como la primera, también sea legalmente posible.(22)


46. Pues bien, acorde con el análisis de los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes es posible concluir que respecto del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito no se cumple con el requisito establecido en el punto b), para considerar existente la contradicción de criterios.


47. En efecto, pues ambos Tribunales Colegiados examinaron determinaciones en las que los órganos jurisdiccionales de segunda instancia, por diversas razones inadmitieron los recursos de apelación hechos valer en el procedimiento de ejecución de una sanción penal.


48. Al desarrollar su arbitrio judicial, ambos Tribunales Colegiados concluyeron que si bien el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que regula el recurso de revocación hecho valer en contra de resoluciones de mero trámite, sólo se refiere a que se impondrá ante el Juez de Ejecución y no hace referencia al tribunal de alzada, lo cierto es que debe interpretarse ese precepto para determinar que el recurso también es procedente en contra de los actos ocurridos en el trámite de la segunda instancia.


49. Por ello, de manera coincidente concluyeron que cuando la parte quejosa reclame un acuerdo de trámite dictado por un tribunal de alzada por el que no se admite el recurso de apelación, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar el recurso de revocación que regula el citado artículo 130 para cumplir con el principio de definitividad.


50. Si no se hace valer anticipadamente ese medio de impugnación ordinario previsto en la norma que regula el acto reclamado, entonces el juicio de amparo es improcedente con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.


51. A partir del análisis de ambos criterios interpretativos, es posible concluir que los mismos resultan coincidentes, por tanto, no existe un punto que resulte antagónico que justifique la existencia de la contradicción de criterios entre los sustentados por los referidos Tribunales Colegiados.


VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS


52. Expuesto lo anterior, resta analizar si se actualizan los mencionados requisitos entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 98/2022, y el del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer del diverso amparo en revisión 113/2022, respectivamente.


53. En este caso es patente la existencia de dos criterios argumentativos desarrollados por distintos Tribunales Colegiados de Circuito conforme a su arbitrio judicial en donde examinaron un mismo problema jurídico pero arribaron a conclusiones contrarias, por lo que sí se satisfacen los requisitos para que exista la contradicción entre los criterios denunciados.


54. En cuanto al primer requisito, se advierte que ambos órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, a partir de lo cual desarrollaron su arbitrio judicial.


55. Los dos tribunales contendientes ejercieron su arbitrio para determinar si cuando se reclama en el juicio de amparo una determinación que no admite un recurso de apelación dictado por un tribunal de alzada en el procedimiento de ejecución de sentencias penales, debe o no agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal de manera previa a acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad.


56. Respecto al segundo requisito relativo a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, también se surte.


57. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito estableció que cuando se reclama la inadmisión de una apelación por parte de un tribunal de alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones penales, sí debe agotarse previamente el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de lo contrario, el juicio de amparo sería improcedente conforme a la fracción XVIII del precepto 61 de la Ley de Amparo.


58. Por el contrario, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que en condiciones similares, no debe agotarse previamente el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo.


59. Entonces, los Tribunales Colegiados resolvieron asuntos que guardan como origen circunstancias fácticas similares, pues fueron analizados casos en los que tuvo que resolverse si en contra de un acuerdo dictado por un tribunal de alzada en el que se inadmitió un recurso de apelación en el procedimiento de ejecución penal, debe agotarse un medio de impugnación ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto.


60. Cabe destacar que en el caso del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito se examinó un acto en donde el tribunal de alzada al pronunciarse de plano sobre la procedencia del recurso de apelación resolvió declararlo sin materia. Mientras que en el asunto resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el tribunal de apelación inadmitió el recurso.


61. Podría considerarse que la decisión de dejar sin materia un recurso de apelación e inadmitirlo no son determinaciones exactamente iguales, Sin embargo, en el contexto de los asuntos examinados significó que al analizar sobre la procedencia de esos medios de impugnación, los tribunales de alzada no admitieron los recursos de apelación, por tanto, se trata de determinaciones que produjeron un resultado jurídico de idénticas dimensiones.


62. Por ello, ambos actos deben considerarse dentro de una misma categoría, es decir, en el sentido de que se trata de determinaciones en las que no se admitieron los recursos de apelación hechos valer para efectos del estudio que se realiza en esta contradicción de criterios.


63. En esas condiciones, el tercer requisito se cumple, pues el análisis de la contradicción denunciada permite que esta Primera Sala resuelva la siguiente cuestión:


Determinar si, conforme al artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto debe agotarse el recurso de revocación en contra de un acuerdo dictado por el tribunal de alzada que inadmite el recurso de apelación hecho valer en contra de una resolución emitida durante el procedimiento de ejecución de sanciones penales.


VIII. ESTUDIO DE FONDO


64. Precisada la existencia de la contradicción de tesis y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer la tesis jurisprudencial sustentada al final de la presente resolución.


65. La construcción de este estudio abarcará los siguientes temas: A) aspectos generales del derecho fundamental de acceso a la justicia; B) análisis de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo; C) examen del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para concluir si de su contenido se deriva la procedencia del recurso de revisión en contra de un acuerdo de trámite dictado por un tribunal de alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones penales; y, D) el criterio que debe prevalecer.


A) Aspectos generales del derecho fundamental de acceso a la justicia


66. Retomando el contenido de la ejecutoria pronunciada por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 298/2015,(23) el derecho fundamental de acceso a la justicia implica que toda persona debe contar con un recurso eficaz y sencillo que pueda hacer valer en contra de violaciones a derechos humanos, el cual está consagrado en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política del País.(24)


67. Ese derecho fundamental también pertenece al ámbito de protección de los preceptos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(25) el cual forma parte de los vigentes parámetros de control de regularidad constitucionales a que deben sujetarse todas las autoridades del país.(26)


68. En torno a esta importante prerrogativa fundamental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para garantizar el desarrollo de un recurso judicial, no es suficiente la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aun a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad.


69. Es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un mecanismo de disenso o de impugnación, por virtud del cual, pueda ser restituido el derecho fundamental que considera vulnerado.(27)


70. Al respecto, esta Suprema Corte ha establecido que el contenido de este derecho consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y de promover la actividad jurisdiccional ante tribunales competentes e imparciales a fin de que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, se obtenga una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas.(28)


71. Asimismo, ha señalado que dicho derecho se encuentra integrado por diversos principios como son el de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita(29) y que el acceso a los tribunales no puede supeditarse a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva y carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, pues ello constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.(30)


72. De esta forma, el derecho de acceso a la justicia es un mandato esencial que hace posible la protección del resto de los derechos humanos y, por ello, no puede entenderse como una garantía meramente adjetiva sino que debe ser entendido como un derecho humano en sí mismo, pues se erige en el instrumento que hace justiciables al resto de los derechos.


73. Es importante señalar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador tiene un amplio margen de discrecionalidad para establecer requisitos formales o presupuestos necesarios para acceder a los recursos judiciales.(31)


74. Por ende, la existencia y aplicación de las causales de admisibilidad de un medio de impugnación, resultan compatibles con el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de contar con un recurso, mientras que su efectividad implica que potencialmente, cuando se cumplan dichos requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos.(32) Sin embargo, es muy importante destacar que dichos requisitos no pueden llegar al extremo de hacer inaccesible el recurso.


75. En este sentido, para que los recursos judiciales sean accesibles para los gobernados, es necesario que los requerimientos de procedencia estén regulados de tal forma que brinden certeza y seguridad jurídica.(33)


76. De esta manera, si la regulación procesal es arbitraria, restrictiva, incluso, regresiva en la protección de derechos humanos, podría cuestionarse la eficacia del recurso, al comprometer el acceso al mismo en favor de los gobernados.


77. Por otro lado, el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2013(34) determinó que el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva a los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, por lo que no basta que los medios de impugnación estén previstos legalmente, sino que se requiere que se eliminen para su admisión y tramitación cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que persiguen.


78. Asimismo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1080/2014,(35) determinó que la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.


79. En dicho precedente también se precisó que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.


80. Por ello, que los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro persona e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados.


B) Análisis de la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo.


81. Precisados las generalidades del derecho de acceso a la justicia, procede analizar el contenido de la causa de improcedencia examinada en las ejecutorias que contienden en esta contradicción, que es la contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente:


"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:


"...


"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.


"Se exceptúa de lo anterior:


"...


"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."


82. La redacción de este precepto permite afirmar que regula el principio de definitividad que debe regir como requisito de procedencia para acceder al juicio de amparo cuando se reclaman actos jurisdiccionales, el cual exige del agotamiento de los recursos ordinarios de manera previa a promoverse la acción de amparo.


83. Asimismo, esta causa de improcedencia regula dos excepciones al referido principio de definitividad que tornarán potestativa la posibilidad de agotar el medio de impugnación ordinario antes de acudir al juicio de amparo: a) cuando para hacer valer el recurso relativo deba realizarse una interpretación adicional al contenido de la norma que regula su procedencia; o, b) que el fundamento que prevé la procedencia al medio de impugnación sea insuficiente interponerlo.


84. La justificación tras las referidas excepciones al principio de definitividad cuando se reclaman actos de autoridades judiciales radica en que la exigencia de acudir a interpretaciones adicionales para hacer procedente el recurso o la falta de previsión expresa del recurso en contra de un acto constituyen circunstancias carentes de razonabilidad o proporcionalidad para acceder a los recursos, pues incumplen con el principio de interpretación estricta que favorece el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, ya que al final, no brindan certeza ni seguridad jurídica.


85. En esa idea, no es razonable exigir que las personas que promueven un juicio de amparo conozcan los métodos de interpretación que se obtienen de los distintos componentes de una norma para definir con certeza el recurso ordinario aplicable a un determinado acto.


86. En contraste, las citadas excepciones al principio de definitividad obligan a que el legislador establezca con precisión los requisitos de acceso a un específico medio de impugnación, o bien, que para identificar el recurso baste hacer una interpretación simple de la norma, como en un sentido gramatical, afirmativo o negativo.


87. Así, no es jurídicamente correcto exigir a la parte quejosa en un juicio de amparo que interprete en sentido amplio o restrictivo el contenido de una norma para deducir la procedencia de un recurso. Esta afirmación es congruente con el principio pro persona y pro actione para acceder a un recurso efectivo.(36)


88. De esta forma, la actualización de cualquiera de las dos hipótesis examinadas supondría una excepción al principio de definitividad, puesto que quien promueve un juicio de amparo no estaría obligado a interponer previamente los recursos ordinarios.


89. Asimismo, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 102/2017, precisó que el último párrafo, de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo también busca privilegiar el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de adecuada defensa, al garantizar que el gobernado tenga acceso al juicio de amparo, en aquellos casos en que la legislación ordinaria no es clara y suficiente, en relación con la procedencia de un medio ordinario de defensa.(37)


90. Esa misma porción normativa ha sido interpretada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 83/2018, en el sentido de que fijar como excepción al principio de definitividad el que la norma no establezca un medio de impugnación claro y suficiente garantiza el respeto a los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia.


91. También se señaló que no se actualizan las referidas excepciones derivadas de la incertidumbre generada a partir de la falta de previsión o insuficiencia de requisitos para establecer la procedencia de un recurso cuando la Suprema Corte ya hubiera establecido en un criterio obligatorio la procedencia del medio ordinario de defensa existente en contra de un determinado acto reclamado.(38)


C) Análisis del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para concluir si de su contenido se deriva la procedencia del recurso de revisión en contra de un acuerdo dictado por un tribunal de alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones penales que inadmite un recurso de apelación


92. R., los Tribunales Colegiados cuyos criterios judiciales contienden en la presente contradicción examinaron el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para definir si dicho recurso es procedente en contra de un acuerdo dictado por un tribunal de alzada dentro de un procedimiento de ejecución de sanciones penales que inadmite una apelación.


93. Para uno de esos tribunales, de una interpretación del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aun cuando sólo se refiere a la procedencia del recurso de revocación en contra de las determinaciones de los Jueces de ejecución penal, debe considerarse que los tribunales de alzada, están facultados para resolver las cuestiones sometidas a su jurisdicción a través de ese recurso en contra de resoluciones de mero trámite, por lo que debe agotarse ese medio de impugnación antes de acudir al juicio de amparo.


94. Mientras que para el segundo, la regulación expresa contenida en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el sentido de que el recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de ejecución y procede en contra resoluciones de mero trámite es insuficiente para determinar que el recurso de revocación procede en contra de las resoluciones emitidas por los tribunales de alzada, lo cual actualiza una excepción al principio de definitividad.


95. Al respecto, el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, examinado en ambas resoluciones, cuya interpretación originó la emisión de los criterios sintetizados, literalmente señala lo siguiente:


"Artículo 130. Revocación


"El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta ley.


"El objeto de este recurso será que el mismo J. de ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.


"Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva.


"Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al código, o de haber transcurrido el término concedido."


96. Del contenido del precepto transcrito podemos advertir una regulación efectiva sobre la sustanciación del recurso de revocación que puede interponerse en contra de resoluciones de trámite emitidas dentro del procedimiento de ejecución.


97. La norma categoriza como materia del recurso las resoluciones de mero trámite, es decir, aquellas que no constituyen una determinación de fondo para solucionar una controversia hecha valer, con el propósito de que se revise nuevamente la decisión asumida y sea la propia autoridad judicial la que se pronuncie nuevamente, lo que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso. Esto último es lo que pretenden quienes interponen la revocación.


98. Por otro lado, la norma examinada dispone de dos formas de interposición del recurso: a) en audiencia; o b) fuera de audiencia.


99. Esto obedece a que la misma ley regula actuaciones realizadas por los Jueces de ejecución al proveer oralmente una petición durante una sesión en presencia de las partes, o bien, cuando las determinaciones son asumidas en un momento distinto.


100. Sobre la solución del recurso, cuando la determinación impugnada a través de la revocación sea pronunciada en audiencia, debe ser resuelta de plano, es decir, en ese momento de la sesión.


101. Tratándose de las determinaciones impugnadas que son emitidas fuera de audiencia, la norma establece un procedimiento sumario, ya que la parte inconforme debe presentar la revocación al día siguiente en el que es notificada de la resolución y se dará vista a las partes por el plazo de dos días para que realicen manifestaciones.


102. El precepto en estudio establece que la decisión del recurso se emitirá al día siguiente de haber transcurrido el plazo para las manifestaciones, lo que podrá hacer por escrito o en audiencia.


103. En lo que importa a este asunto, conforme a la procedencia del recurso diseñada en el artículo examinado, se interpone ante el Juez de ejecución que emitió la resolución impugnada, quien deberá analizarla nuevamente y decidir lo que considere al respecto.


104. Sin duda alguna, esta redacción que fue la examinada por los tribunales contendientes excluye de la materia de estudio de este medio de impugnación a los actos emitidos por los tribunales de alzada durante la sustanciación del recurso de apelación.


105. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que cuando se reclame en el juicio de amparo indirecto la determinación de un tribunal de alzada que inadmitió una apelación dentro del procedimiento de ejecución de sanciones penales, no está obligada a agotar previamente el recurso de revocación a que se refiere el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.


106. En principio, porque como ya se apuntó, el referido precepto de la norma nacional mencionada no regula expresamente la procedencia del recurso de revocación contra determinaciones emitidas por tribunales de alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones, lo que actualiza el primer supuesto de la excepción al principio de definitividad a que se refiere el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo anteriormente transcrito.


107. Por el contrario, para considerar que el recurso es procedente, es necesario efectuar una interpretación adicional al contenido de la norma que regula el recurso y entonces concluir que también procede en contra de determinaciones de trámite emitidas por un tribunal de alzada y no sólo en contra de los dictados por los Jueces de Ejecución como lo establece literalmente el citado artículo 130.


108. La interpretación necesaria para determinar que el recurso de revocación debe hacerse extensivo a las resoluciones de trámite emitidas por los tribunales de alzada, además, debe problematizar los propósitos del legislador al diseñar ese recurso en la norma nacional, pues del contenido de la exposición de motivos que le dio origen sólo se confirma que fue pensado en contra de los actos de los Jueces de Ejecución y no en los tribunales de alzada.(39)


109. Cabe decir que los trabajos legislativos establecieron que los recursos en la Ley Nacional de Ejecución Penal deberían seguir las reglas previstas en el código de procedimientos penales único, por ello, en el artículo 8 de aquella legislación se estableció la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales para esa norma de ejecución penal.(40)


110. Sin embargo, como bien se destacó en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes, tratándose del recurso de revocación establecido en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no son supletorias las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los requisitos de procedencia, objetivos y materia de estudio, autoridad ante la que se interpone y la que resuelve, sustanciación y la resolución del recurso están suficientemente previstas en dicho precepto, por lo que se reitera que la norma establece una regulación efectiva sobre ese medio de impugnación.


111. A lo anterior, se suma el hecho de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha decretado la procedencia del recurso de revocación en contra de determinaciones de trámite dictadas por los tribunales de alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones penales conforme a las disposiciones de la norma especial.


112. Si bien este Alto Tribunal ha determinado la procedencia del recurso de revocación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a las decisiones de trámite dictadas por los tribunales de alzada, esto ha obedecido a la redacción de los preceptos 465 y 466 de esa norma que a diferencia del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, posibilitan la promoción de ese medio de impugnación porque se refiere al órgano jurisdiccional que emita las resoluciones impugnadas, lo que incorpora las determinaciones de los Jueces y tribunales que intervienen en la primera como en la segunda instancia.(41)


113. En ese sentido, se emitió la jurisprudencia 85/2019, de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO."(42)


114. Adicionalmente, la ejecutoria de la que derivó ese criterio destaca que sólo es aplicable a las determinaciones emitidas dentro del procedimiento penal, lo que excluye la etapa del procedimiento de ejecución que tiene una regulación distinta en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que se reitera que no tiene cabida una aplicación supletoria.


115. Una razón más para sustentar la decisión que aquí se adopta, deriva de la naturaleza del acuerdo que no admite un recurso de apelación en el procedimiento de ejecución de sanciones penales que fue examinado en las determinaciones judiciales que contendieron en esta contradicción, ya que por los efectos que produce en dicho procedimiento, no puede considerarse como una resolución "de mero trámite".


116. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el recurso de apelación procede exclusivamente en contra de determinaciones que directa o indirectamente inciden en la libertad personal de quien hace valer ese medio de impugnación, porque se relacionan con las condiciones de internamiento y plan de actividades, así como la duración, modificación y extinción de las penas y medidas de seguridad.(43)


117. Esto no sólo justifica los motivos por los que la sustanciación de los recursos de revocación y apelación resultan sumarios, también que las decisiones que se dicten en el recurso de apelación, resuelven de manera definitiva y en su totalidad lo que es materia de las controversias judiciales hechas valer, cuyas afectaciones se producen individualmente, es decir, con plena autonomía de la continuidad del procedimiento de ejecución penal.


118. En efecto, específicamente el precepto 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece las determinaciones en contra de las cuales es procedente el recurso de apelación: a) desechamiento de la solicitud de controversia judicial; b) modificación o extinción de penas; c) sustitución de la pena; d) medidas de seguridad; e) reparación del daño; f) ejecución de las sanciones disciplinarias; g) traslados; h) afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras; e, i) las demás previstas en esa ley.


119. Es por ello por lo que un acuerdo emitido por el tribunal de alzada por el que no se admite el recurso de apelación no puede ser evaluado sólo por los aspectos formales en que es emitido, sino por los efectos que produce, los cuales impiden considerarla una resolución de "mero trámite".


120. Precisamente, con la emisión de esa resolución queda firme la decisión que resolvió de fondo la controversia judicial promovida ante el Juez de ejecución sobre las condiciones de internamiento, plan de actividades, o respecto de la duración, modificación o extinción de las penas y medidas de seguridad, las cuales producen afectaciones únicas e independientes al curso del procedimiento de ejecución penal.


121. En suma, para llegar a la convicción de que el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal procede en contra de una resolución emitida por el tribunal de alzada que no admite la apelación en el procedimiento de ejecución de sanciones penales, debe exigirse a los gobernados la realización de interpretaciones adicionales al contenido de ese precepto para considerar:


a) Que los alcances de la norma deben ser extensivos para incluir dentro de las determinaciones que son materia del recurso de revocación aquellas dictadas por los tribunales de alzada, cuando el precepto examinado se refiere exclusivamente a las resoluciones emitidas por los Jueces de Ejecución y porque así los establecen los trabajos legislativos que dieron origen a esa disposición.


b) Que una determinación del tribunal de alzada que inadmite el recurso de apelación y deja firme lo decidido en la controversia judicial del procedimiento de ejecución penal, es una resolución de mero trámite y no de fondo, cuando por los efectos que produce, en realidad se trata de una determinación de fondo.


122. Lo anterior claramente supone que quien pretende promover un juicio de amparo deba efectuar estas interpretaciones adicionales que no se obtienen de manera directa de la redacción del precepto que regula la procedencia del recurso de revocación para hacer extensivo su espectro de impugnación para incluir otro tipo de resoluciones judiciales, específicamente las que emiten los tribunales de alzada y agotar el recurso de revocación de forma previa a promover el juicio de amparo indirecto.


123. Esta interpretación adicional al contenido de la norma no es exigible al gobernado en tanto no está obligado a establecer técnicamente el medio de impugnación que debe oponer en contra de un acto que no está contemplado expresamente en la ley antes de ejercer la acción de amparo.


124. Además, porque dicha interpretación sería exigida para imponer a la parte quejosa la carga de interponer un medio de impugnación de manera previa a acudir al juicio de amparo y decretar su improcedencia, lo cual se aparta de un ejercicio hermenéutico más favorable a las personas y se traduce en un obstáculo que carece de razonabilidad para garantizar el derecho de acceso a la justicia.


125. Así como el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no regula su procedencia en contra de un acuerdo dictado por un tribunal de alzada que no admite la apelación, pues para considerarlo así, se requiere de una interpretación adicional del contenido de esa norma, lo cual actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, última parte, de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa no está obligada a agotar el recurso de revocación en forma previa a acudir al juicio de amparo.


126. Esta determinación no limita la posibilidad de que para maximizar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia, si se hace valer el recurso de revocación en contra de la inadmisión del recurso de apelación por parte de un tribunal de alzada, pueda interpretarse el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para considerar procedente la revocación.


127. Sin embargo, dicha interpretación sólo significará que el quejoso tenga la opción de hacer valer el recurso ordinario, o bien, acudir de manera inmediata a la vía del amparo, pero de ninguna manera que se exija agotar el principio de definitividad por las razones apuntadas en esta ejecutoria.


IX. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER


128. Por las razones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 215, 217, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis:


RECURSO DE APELACIÓN QUE NO ES ADMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.


Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que cuando se reclama la resolución por la que no se admite un recurso de apelación por parte de un tribunal de alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones penales, esa determinación constituye un supuesto de procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que este medio de impugnación debe agotarse antes de promover un juicio de amparo conforme al principio de definitividad. Mientras que el otro Tribunal Colegiado concluyó que, cuando se reclama la determinación que no admite el recurso de apelación, no existe obligación de agotar el recurso de revocación porque éste sólo procede en contra de resoluciones dictadas por los Jueces de Ejecución y no por los tribunales de alzada. Este Tribunal consideró que, si para hacer procedente el recurso debe interpretarse la norma, entonces se actualizaría una excepción al principio de definitividad que haría procedente el juicio de amparo.


Criterio jurídico: Procede el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación dictada por un Tribunal de Alzada en la que no admite un recurso de apelación en el procedimiento de ejecución de sanciones penales, sin agotar el recurso de revocación al que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto, porque en dicho recurso sólo pueden impugnarse resoluciones de mero trámite, mientras que la no admisión de la apelación es una determinación de fondo, aunado a que ese recurso sólo procede en contra de actos de Jueces de ejecución y no de tribunales de alzada.


Justificación: De acuerdo con la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquellos casos en los que la legislación ordinaria no es clara y suficiente y/o que para la procedencia de un recurso o medio de defensa se debe sujetar a la norma a una interpretación adicional, se actualiza la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, párrafo último, de la Ley de Amparo.


Ahora bien, la no admisión de un recurso de apelación por parte de un Tribunal de Alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones penales es una determinación que, por sus efectos, se traduce en dejar firme la resolución que recae a la controversia judicial impugnada y, por ello, se trata de una determinación de fondo y no de mero trámite.


Por su parte, el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el recurso de revocación procede en contra de determinaciones de mero trámite dictadas por los Jueces de Ejecución.


De lo anterior, se desprende que no es procedente el recurso de revocación en contra del acuerdo de un Tribunal de Alzada que no admite el recurso de apelación porque no se trata de una resolución de mero trámite, ni es emitida por un Juez de Ejecución de sanciones penales.


Esto implica que para hacer procedente el recurso de revocación en contra de esa determinación se debe hacer una interpretación adicional de la norma, lo que actualiza la citada excepción al principio de definitividad, por lo que en contra de dicho acto es procedente el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el recurso de revocación contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.


X. DECISIÓN


129. De conformidad con las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para resolver la posible contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.


130. Por otra parte, esta Primera Sala concluye que no existe la contradicción denunciada respecto de los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.


131. En tanto, sí existe una contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio establecido en la parte final de esta ejecutoria.


132. Por lo expuesto y fundado, se:


RESUELVE:


PRIMERO.—Esta Primera Sala es legalmente incompetente para resolver la posible contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.


SEGUNDO.—No existe la contradicción denunciada respecto del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.


TERCERO.—Sí existe la contradicción denunciada respecto del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.


CUARTO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la tesis redactada en el presente fallo.


QUINTO.—Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.


N.; conforme a derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.


Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de la Ministra y los Ministros J.L.G.A.C., quien está con el sentido, pero se aparta de los párrafos ciento veintiséis y ciento veintisiete, asimismo, se reserva su derecho a formular voto concurrente, A.M.R.F. (ponente), y A.G.O.M.. En contra del emitido por el presidente J.M.P.R., quien se reservó su derecho a formular voto particular. A.M.A.Z.L. de L..


Firman el Ministro presidente de la Primera Sala y la Ministra ponente, con el secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe.


En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General Número 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mi diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.


Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a), 2a./J. 86/2018 (10a.) y 1a./J. 22/2014 (10a.) y aislada 1a. CCXCI/2014 (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas, 7 de septiembre de 2018 a las 10:16 horas, 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas y 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 73, Tomo I, diciembre de 2019, página 283; 58, Tomo I, septiembre de 2018, página 971; 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325 y 9, Tomo I, agosto de 2014, página 536, con números de registro digital: 2021251, 2017808, 2005917 y 2007064, respectivamente.


Las tesis de jurisprudencia P./J. 113/2001, 2a./J. 192/2007 y 1a./J. 42/2007 citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIV, septiembre de 2001, página 5, XXVI, octubre de 2007 y XXV, abril de 2007, página 124, página 209, con números de registro digital: 188804, 171257 y 172759, respectivamente.








________________

1. Mediante oficio 8873, recibido el 23 de septiembre de 2022 vía MINTERSCJN.


2. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe prevalecer como precedente."


3. "Artículo 226. Las contradicciones de criterios serán resueltas por: ...

"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre Plenos Regionales o entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas regiones, y ..."


4. "Artículo 21. Corresponde conocer a las S.: ...

"VII. De las denuncias de contradicción de criterios que sustenten los plenos Regionales o los Tribunales Colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones."


5. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013.


6. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...

"XIII. ... Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción."


7. "Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes reglas: ...

"II. Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las ministras o los Ministros, los Plenos Regionales, o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado criterios discrepantes, la o el fiscal general de la República, las Magistradas o los Magistrados del Tribunal Colegiado de apelación, las Juezas o los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron, y ..."


8. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...

"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas."


9. "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación

"El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.

"El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda."

"Artículo 466. Trámite

"El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas:

"I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o

"II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite.

"La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta."


10. Resuelta en sesión de 16 de octubre de 2019, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: N.L.P.H., L.M.A.M., J.M.P.R. (ponente), en contra de los emitidos por los Ministros A.G.O.M. y J.L.G.A.C., quien formuló voto particular.


11. "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables

Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:

"I. Las que nieguen el anticipo de prueba;

"II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen;

"III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión;

"IV. La negativa de orden de cateo;

"V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares;

"VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan;

"VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;

"VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso;

"IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado;

"X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o

"XI. Las que excluyan algún medio de prueba."

"Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables

"Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento:

"I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

"II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso."

"Artículo 470. Inadmisibilidad del recurso

"El Tribunal de alzada declarará inadmisible el recurso cuando:

"I.H. sido interpuesto fuera del plazo;

"II. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de apelación;

"III. Lo interponga persona no legitimada para ello, o

"IV. El escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas."


12. "Artículo 475. Trámite del Tribunal de alzada

"Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de alzada se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso."


13. "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO."

Jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.). Décima Época. Registro digital: 2021251. Primera Sala. Contradicción de tesis 153/2019. 16 de octubre de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía P.H., L.M.A.M. y J.M.P.R. (ponente). Disidentes: A.G.O.M. y J.L.G.A.C., quien reservó su derecho a formular voto particular.


14. "Artículo 8. Supletoriedad

"En todo lo no previsto por la presente Ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables."

"Artículo 130. Revocación

"El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley.

"El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.

"Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva.

"Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido."


15. Supra cita 13.


16. "Artículo 156. Liquidación de la reparación del daño

"Una vez que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no de su monto, el Juez de Ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a lo dispuesto por esta Ley y el Código.

"Una vez determinado el monto, el Juez de Ejecución ordenará al sentenciado que realice el pago correspondiente dentro de los cinco días siguientes a la determinación. ...

"IV. Tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a la víctima u ofendido el Juez de Ejecución, una vez que reciba la sentencia ejecutoriada, ordenará la comparecencia del sentenciado y lo apercibirá para que en un plazo de tres días haga voluntariamente entrega física y material del inmueble.

"En caso de negativa de devolverlo, el Juez de Ejecución ordenará se ponga en posesión material a la víctima u ofendido o su representante, utilizando la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia. ..."


17. Supra cita 13.


18. "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación

El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre:

"I. Desechamiento de la solicitud;

"II. Modificación o extinción de penas;

"III. Sustitución de la pena;

"IV. Medidas de seguridad;

"V. Reparación del daño;

"VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias;

"VII. Traslados;

"VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y

"IX. Las demás previstas en esta Ley."


19. Supra cita 13.


20. "Artículo 3. En los Circuitos judiciales federales de la República Mexicana se establecerán Plenos, los que se compondrán por uno o todos los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del Circuito respectivo, según se actualice el supuesto de integración."

"Artículo 4. En los Circuitos en los que únicamente haya dos tribunales, los Plenos respectivos se integrarán con la totalidad de los magistrados que los conforman."

"Artículo 25. La denominación de los Plenos en la República Mexicana y sus domicilios oficiales; el nombre de sus presidentes y de los magistrados que los integren; así como el lugar en que dichos órganos sesionarán; se publicarán en el directorio de magistrados y Jueces que aparece en la página de internet del Consejo, el que se mantendrá permanentemente actualizado, informando lo conducente a la Comisión para su conocimiento."

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por: ...

"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y

"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente."


21. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.". Tesis aislada P. L/94. Octava Época. Registro digital: 205420. Pleno SCJN. Contradicción de tesis 8/93. 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Ministra F.M.F..


22. "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.". Jurisprudencia 1a./J. 22/2010. Novena Época. Registro digital: 165077. Primera Sala. Contradicción de tesis 235/2009. 23 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro J. de J.G.P.. Ponente: Ministro J.R.C.D..


23. Aprobado en sesión de 13 de julio de 2016, por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), J.M.P.R., quien formuló voto concurrente y A.G.O.M., así como de la M.O.S.C., en contra del voto emitido por el Ministro J.R.C.D., quien emitió voto particular.


24. "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata."

"Artículo 17. ...

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales ..."


25. "Artículo 8. Garantías Judiciales

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un J. o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

"Artículo 25. Protección Judicial:

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados Partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."


26. Consideración asumida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011, en sesión de 3 de septiembre de 2013, por mayoría de 10 votos, en contra del voto del M.J.R.C.D..


27. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia del 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párrafo 163.


28. "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Jurisprudencia P./J. 113/2001. Pleno SCJN. Novena Época. Registro digital: 188804.


29. "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Jurisprudencia 2a./J. 192/2007. Segunda Sala. Novena Época. Registro digital 171257.


30. "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.". Jurisprudencia 1a./J. 42/2007. Primera Sala. Novena Época. Registro digital: 172759.


31. Este criterio ha sido desarrollado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte del contenido de la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), Décima Época, registro: 2005917, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."


32. Supra cita 26.


33. Í.. párrafo 110.


34. Fallada en sesión de 22 de mayo de 2014. Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores M.G.O.M. en contra de las consideraciones, L.R. en contra de las consideraciones, Z.L. de L. (ponente), P.R., A.M., S.C. de G.V., P.D. y presidente S.M.. Los señores M.G.O.M. y Luna Ramos anunciaron voto concurrente conjunto. El Ministro C.D. votó en contra y anunció voto particular.


35. Aprobado por unanimidad de 5 votos en sesión de 28 de mayo de 2014. Del cual derivó la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), Décima Época, registro digital: 2007064, de título: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO."


36. Ver consideraciones de la ejecutoria pronunciada en la contradicción de tesis 298/2015. Supra cita 23.


37. Resuelta en sesión de 25 de abril de 2018 por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de L., J.M.P.R. y A.G.O.M., así como de la Ministra Norma Lucía P.H. (ponente). No estuvo presente el M.J.R.C.D..


38. Aprobada en sesión de 27 de junio de 2018 por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D. (ponente), J.L.P., J.F.F.G.S. y E.M.M.I., así como de la Ministra M.B.L.R.. De este precedente derivó la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.). Décima Época. Registro digital: 2017808, de epígrafe: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO."


39. Presentada por integrantes del Senado como Cámara de Origen, la cual fue publicada en la Gaceta número LXII/1SPR-15/41830, el miércoles 26 de junio de 2013. Lo cual puede ser consultado en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación www.scjn.gob.mx.


40. "Artículo 8. Supletoriedad

"En todo lo no previsto por la presente Ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables."


41. "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación

"El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.

"El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda."

"Artículo 466. Trámite

"El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas:

"I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o

"II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite.

"La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta."


42. Jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a). Décima Época. Registro 2021251. Primera Sala. Contradicción de tesis 153/2019. 16 de octubre de 2019. Mayoría de tres votos de la Ministra Norma Lucía P.H. y los Ministros L.M.A.M. y J.M.P.R. (ponente). Votaron en contra los Ministros A.G.O.M. y J.L.G.A.C..


43. "Artículo 116. Controversias

"Los Jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con:

"I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas;

"II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales;

"III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil;

"IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y

"V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad."

Esta sentencia se publicó el viernes 17 de noviembre de 2023 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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