Empresa/ Eje del jaloneo

AutorAlberto Barranco Chavarría

De acuerdo con la óptica de su director general, Alfredo Elías Ayub, el futuro de ésta es tan nebuloso, que dentro de 8 años, es decir en el 2010, entraría en un marco de virtual quiebra técnica al empatar el valor de sus deudas al de sus activos, lo que exigiría que el Gobierno avalara sus proyectos con garantías financieras directas.

Del otro lado de la mesa, sin embargo, de acuerdo con cifras de los partidos opositores, la empresa pública podría darle una espectacular voltereta a sus expectativas si el Gobierno, es decir la Secretaría de Hacienda, le permitiera utilizar sus remanentes de operación, que sólo el año pasado llegaron a 27 mil millones de pesos.

La operación esterilizadora de las arcas de la CFE, vía la imposición de abusivas cargas fiscales, se realiza desde hace 7 años, en lo que constituyó una maquiavélica maniobra del Gobierno zedillista para preparar su privatización, reforzando el argumento de ineficiencia con la exhibición recurrente de números rojos.

Concretamente, la dependencia encabezada por Francisco Gil Díaz le cobra a la paraestatal un inaudito impuesto sobre aprovechamiento, que en la práctica equivale al que se impone sobre activos, bajo una tasa de 9 por ciento, es decir algo más de 7 puntos adicionales al que se aplica a cualquier empresa privada.

Más allá, pese a que los sueldos del ejército de jubilados de la empresa pública se cubre con gasto corriente, la propia Secretaría de Hacienda le obliga a integrar un fondo de obligaciones laborales, cuyo monto anual oscila entre 9 mil millones de pesos.

Adicionalmente, se le obliga a aceptar un cargo por concepto de depreciación de activos, cuyo monto anual oscila en este caso entre 16 mil millones de pesos, pese a que las reposiciones se hacen con cargo a los presupuestos de inversión y mantenimiento.

Más aún, el banquete podría enriquecerse si la propia dependencia la transfiriera a la paraestatal el monto del subsidio que se vierte en favor de usuarios residenciales y agrícolas, que en el propio 2001 alcanzó 21 mil millones de pesos.

La carga, en este caso le corresponde a la empresa pública, por más que el beneficio político de mantener tarifas relativamente bajas es para el Gobierno...

Que éste, pues, dice la oposición, pague el precio del supuesto regalo que permite ofrecer la energía a 73 centavos el kilowatt-hora, monto similar al de Estados Unidos.

En el papel, pues, la CFE podría disponer, concedida la anhelada autonomía financiera y de gestión, de 48...

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