Eduardo R. Huchim / Ãtica
| Autor | Eduardo R. Huchim |
El 30 de noviembre de 1978, el presidente José López Portillo nombró embajador concurrente en las Islas Fidji a su antecesor Luis Echeverría Álvarez, quien estuvo en tierras y mares de Oceanía poco tiempo, entre marzo y diciembre de 1979. La embajada oceánica fue, en palabras de Raúl Trejo Delarbre, una "punición grotesca" a la hiperactividad echeverrista que le creaba problemas al entonces Presidente.
La recordación es inevitable ante el activismo del ex presidente Vicente Fox Quesada, quien es ya un factor de inestabilidad para el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Ante esta situación, el Presidente no debiera permanecer inactivo, sino actuar en consecuencia (naturalmente dentro de la ley), pues demasiados problemas tiene su administración como para que su predecesor le agite las aguas. Una muestra de las consecuencias de este agitar es el derribamiento de la estatua de Fox en Boca del Río, Veracruz, atribuido a militantes o simpatizantes priistas, exceso reprobable que respondió a otro exceso, éste del alcalde Francisco Gutiérrez de Velasco.
Después de "el que se va, se calla" del errático secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña (quien hace poco también dijo que "metería las manos al fuego por el presidente Fox"), se debate si los ex presidentes deben guardar silencio o no en una democracia. No es una disyuntiva irresoluble, porque los derechos no deben ser tomados con carácter absoluto, sino relativo. Una buena ilustración lo es el derecho de tránsito, que todo mundo puede ejercer, pero si lo hace en un vehículo motorizado, debe poseer una licencia y este requisito no equivale a vulneración alguna.
De modo semejante, no le es exigible a un Presidente que al dejar de serlo se transmute en monje cartujo. Puede ser incluso una chachalaca (como Andrés Manuel López Obrador calificó a Fox y como lo acaba de repetir implícitamente Ramírez Acuña), pero si su activismo agita el ambiente político, enturbia la búsqueda de acuerdos y es causa de confrontaciones, entonces resulta claro que es necesario ponerle sordina a la chachalaca.
Vicente Fox ha sido señalado como responsable de enriquecimiento ilícito y de tráfico de influencias por sí o por conducto de Marta Sahagún, entre otras acusaciones, y para investigar el caso la Cámara de Diputados ha creado una comisión especial. Al margen de los alcances jurídicos de tal comisión y de la denuncia del senador Ricardo Monreal, lo cierto es que debe prevalecer la presunción de inocencia...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba