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Eduardo R. Huchim / De sombras y tormentas

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Vincent
AutorEduardo R. Huchim

Vientos de sombras y de tormentas soplan en el país. No amainaba el vendaval provocado por el dictamen absolutorio sobre el conflicto de interés del Presidente y el secretario de Hacienda, cuando los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejaron caer sobre el gobierno una losa con su sólido informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, para decirlo concisamente, desbarata la "verdad histórica" del anterior procurador general y mantiene el caso entre las sombras de la sospecha fundada.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH está convencido de que "los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula", anunció el investigador Francisco Cox... y la administración peñista quedó como un gobierno mentiroso. ¿Por qué la obstinación inicial en una "verdad histórica"? Es probable que se deba al involucramiento de militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército, cuya impunidad se pretendería tutelar.

La participación militar está incluida en el informe del GIEI: todo el trayecto de los normalistas, desde su salida de Chilpancingo hasta las agresiones y su llegada a los hospitales, fue vigilado y monitoreado en tiempo real por la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería, así como por las policías estatal, municipal y ministerial (Reforma, 07/09/15). Es decir, la desaparición de los jóvenes se dio en el marco de una operación concertada de las policías guerrerenses y federales y el Ejército, operación que presumiblemente tenía como prioridad proteger un cargamento de droga que transportaba uno de los autobuses ocupados por los muchachos, que falsamente se reportó como destruido.

Tutelar la impunidad es una peligrosa decisión que no se merecen el Ejército ni la nación. ¿Por qué negarse a que los expertos de la CIDH entrevistaran a militares? ¿Por qué poner en duda el honor del Ejército para proteger a una de sus partes, si ésta tuviera realmente responsabilidad? ¿No es evidente que con el ocultamiento se solidifica la sospecha, por lo cual resulta preferible asumir la verdad sin más dilación y castigar a todos los culpables?

Algo semejante ocurre con la exoneración de la Secretaría de la Función Pública. Las conclusiones expuestas por Virgilio Andrade cierran formalmente el presidencial conflicto de interés respecto del Grupo Higa, pero el asunto sigue percibiéndose como la punta del enorme iceberg de corrupción con el que se...

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