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Eduardo R. Huchim / Sentarse en bayonetas

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Vincent
AutorEduardo R. Huchim

En Culiacán, Sinaloa, la madrugada del 14 de noviembre de 2014, soldados y marinos cubiertos con pasamontañas irrumpieron violentamente en el domicilio de un hombre a quien nombraron con un apodo que él no conocía, lo golpearon y amenazaron para que les indicara "dónde estaban los demás". Su esposa fue golpeada en presencia de una de sus hijas, de un año de edad, y otros dos hijos menores fueron sacados de su recámara.

Los marinos ataron de manos y pies al hombre y, a bordo de una camioneta, lo condujeron a varios inmuebles. Como no dio la información que le exigían, lo trasladaron a una casa donde lo sometieron a varias torturas, una de las cuales consistió en quemarle y arrancarle la piel de las plantas de los pies. Todo ello fue documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió una recomendación, la primera de 2017, dirigida al almirante Vidal Soberón Sanz, secretario de Marina.

Es claro que la tortura, que deja daños físicos y sicológicos en el torturado y su familia, sería reprobable aunque el agraviado fuese un delincuente, pero no lo era. Fue absuelto por las instancias judiciales que conocieron de las imputaciones en su contra.

¿Por qué cuento esta historia, que no es sino una -y no la peor- de muchas semejantes protagonizadas por militares enviados irresponsablemente a realizar tareas que no son suyas?

La cuento porque, además de los muchos excesos que ya padece manu militari la población civil, hay un riesgo fundado de que aumenten. Ello porque está en curso en México un intento de desmontar parte de nuestro régimen de derechos humanos, incluidos los de libertad de expresión y de información. Es también un intento de atacar el entramado institucional cuya construcción ha llevado decenios de esfuerzos colectivos y de lucha cívica intensa. Es un intento de entregar el control del Estado Mexicano a los militares, al menos en materia de seguridad, de donde pueden pasar a otras materias.

¿Es esto una hipérbole? No lo es si se tiene presente que la Ley de Seguridad Interior entrega a los militares el rubro que justifica la existencia misma del Estado: la seguridad, una materia en la que soldados y marinos han fracasado y no por falta de una ley, sino porque no están capacitados para realizar tareas policiales. Y debe precisarse que la falla militar es, también y sobre todo, el fracaso de un gobierno que, desde la comodidad de los escritorios, manda soldados y marinos a una guerra imposible de...

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