Eduardo R. Huchim / El PRI y la pérdida de registro
| Autor | Eduardo R. Huchim |
A los agraviados por el espionaje. Como dijo Juan Pardinas, es corrupto un gobierno que espía a quienes luchan contra la corrupción.
No hay ingenuidad y sé que difícilmente ocurra, pero si en este país se aplicaran con rigor y firmeza la Constitución y las leyes y si existieran autoridades electorales sólidas y realmente comprometidas con la democracia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debería ser sometido a un proceso de cancelación de registro, por el ilegal financiamiento que ha recibido durante décadas de los erarios de los Estados donde gobierna y, en la actualidad, también del Gobierno federal.
Una muestra de ese financiamiento ilegal lo ha revelado recientemente el diario Reforma: en los comicios de 2016, Javier Duarte desvió en Veracruz 1,300 millones de pesos a la campaña de Héctor Yunes Landa; Roberto Borge desvió en Quintana Roo 200 millones a la de Mauricio Góngora, y César Duarte en Chihuahua, 246 millones a la campaña de Enrique Serrano. Y hasta donde se sabe, el Instituto Nacional Electoral fue incapaz de detectar tales desvíos que, naturalmente, llevaron al PRI a rebasar los límites respectivos.
Prácticamente todos los mexicanos sabíamos del financiamiento ilegal al PRI y ahora, en parte como consecuencia de la alternancia partidaria, este diario ha exhibido cómo el PRI se ha alimentado de las arcas públicas de esos Estados que gobernaba y, con el priista Enrique Peña en la Presidencia, también de las federales, como lo ha señalado Iniciativa Ahora en su documentada queja de triangulación de recursos a la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México, con participación de la empresa OHL.
Ello no es asunto menor. Representa la destrucción de la equidad en la competencia, además de constituir peculado. El caso está expresamente previsto en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que establece las sanciones a los partidos y cuya fracción V señala (énfasis mío):
"En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político".
Ello, por supuesto, además de las sanciones penales a que hubiera lugar, tanto para el otorgante del dinero como para el beneficiario.
Hay quienes se rasgan las vestiduras al suponer que la cancelación del registro equivale a la pena de muerte...
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