Eduardo R. Huchim / El fiscal, el TEPJF y la alquimia
| Autor | Eduardo R. Huchim |
Signos ominosos se ciernen sobre las elecciones de 2018 y entre ellos el más reciente es el ilegal intento de destituir al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, a quien el Senado tiene la ineludible responsabilidad de restituir en su puesto. El asunto es grave por sí mismo y por lo que presagia para el proceso comicial en curso.
La restitución resulta obligada no sólo porque Nieto es el único que ha realizado desde la Fepade investigaciones serias como la del escándalo Odebrecht-Lozoya-Peña Nieto, sino porque el manotazo se propina a un fiscal nombrado por los senadores y lo hace un funcionario, Alberto Elías Beltrán, sin atribuciones y sin justificación para tal desmesura y sin requisitos para ser procurador.
Por su parte, la Cámara de Diputados también debería intervenir mediante la aprobación de recursos suficientes para la delicada tarea del combate a los delitos electorales. Actualmente, la Fepade dispone de insuficientes 160 millones de pesos, suma risible si se le compara -por ejemplo- con el financiamiento público que recibe el mayor transgresor en la materia, el PRI: 1,034 millones.
Otro signo ominoso, tanto o más grave que el de la Fepade, es el descarado alineamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el gobierno y su partido. Con la protección de la Sala Superior y a menos que un improbable milagro ocurra, el priista Miguel Ángel Riquelme, beneficiario de una serie de irregularidades en el proceso comicial de su estado, será gobernador de Coahuila.
Como algunos habíamos previsto con base en el precedente mexiquense, el 5 de octubre la Sala Superior del TEPJF exhibió su parcialidad y la absurdidad de sus criterios al revocar la fiscalización del INE sobre el monto de los gastos de campaña de Riquelme y le ordenó ajustarlo.
Al acatar el INE la orden del Tribunal, el rebase de Riquelme, originalmente fijado en 10.5%, se redujo a 1.6%. En consecuencia, ya no se actualiza el supuesto constitucional para anular la elección (rebase de cinco puntos porcentuales o más).
¿Cómo fue que un 10.5% se convirtió en 1.6%? Ello fue posible porque el Tribunal eliminó casi un millón de pesos de los gastos priistas. Además, ordenó otros ajustes, como un nuevo prorrateo que se realizó incluso entre candidatos adversarios, lo cual fue calificado como "tragedia" por la consejera Pamela San Martín.
Décadas atrás, en los...
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