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Eduardo R. Huchim / Fepade: gota en un desierto

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Vincent
AutorEduardo R. Huchim

Lo primero que debe celebrarse, respecto de la solicitud a un juez para la aprehensión de Arturo Escobar y Vega, es que, al fin, una institución comicial, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), está ejerciendo con rigor sus atribuciones contra los excesos de un partido político y sus dirigentes. Actuar así no requiere de grandes presupuestos -la Fiscalía dispone en 2015 de sólo 152 millones de pesos-, sino de valor para frenar la impunidad prevaleciente en México.

La averiguación previa que involucra a Escobar se relaciona con la distribución de las llamadas tarjetas Premia, mediante las cuales el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ofrecía descuentos a ciudadanos inscritos en el padrón comicial, lo cual constituye un delito, aparte de que lo hizo con proveedores no autorizados. La Fepade lo acusa de violar el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Está por verse si Arturo Escobar llega a la cárcel, no sólo porque la decisión de aprehenderlo depende de un juez, sino también porque los delitos electorales no están considerados como "graves" y, en consecuencia, quienes los cometan pueden obtener libertad caucional. Es claro que tal clasificación debe ser revisada, pero no obstante, la consignación tuvo ya un primer resultado: liberar a la sociedad de un personaje repudiado por decenas de organizaciones civiles desde el momento mismo en que inexplicablemente fue nombrado subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación, cargo del cual se separó -hay que reconocerle a Escobar el acierto de haberlo hecho- cuando trascendió su consignación.

Consignar a un subsecretario del gabinete presidencial no es asunto menor en un país donde la impunidad y la corrupción son reinas. Y debe apuntarse que esto difícilmente hubiera sido posible si en la Fepade no estuviera un funcionario como Santiago Nieto Castillo, de recordable actuación en la Sala Regional Toluca del TEPJF, y si en la Procuraduría General de la República no estuviera una mujer como Arely Gómez González, quien en otro campo está ofreciendo seriedad en las nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.

Conviene recordar que en el proceso electoral 2014-2015, el Partido Verde no sólo cometió una serie de graves violaciones, sino que también diseñó y operó una estrategia basada justamente en la violación deliberada y contumaz de cuantas leyes...

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