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Eduardo R. Huchim / Compra de votos, a toda vela

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Vincent
AutorEduardo R. Huchim

Miguel Ángel Granados Chapa, cinco años de su partida.

Revelado por Reforma, el escandaloso reparto de despensas y tarjetas electrónicas con saldo de $2,750 en el Estado de México, acredita que la compra y coacción del voto es uno de los grandes problemas de vieja data que continúan azolvando el desarrollo de la democracia en México. Sólo una interpretación cándida de la ley podría soslayar que en ese reparto hay una actividad delictiva que las autoridades electorales y de procuración de justicia no han podido evitar ni ahora ni antes.

El caso mexiquense es todavía más grave si se tiene en cuenta que los promotores son los gobiernos federal y estatal, con el Presidente y el gobernador operando sin ética ni pudor político. Otra vez, con la intención de conquistar votos ilegalmente, corren millones de pesos provenientes del erario, a los que luego se sumarán recursos procedentes de las arcas partidarias y también de fuentes desconocidas aunque presumibles.

El problema puede examinarse someramente en dos dimensiones: a) el dinero que se invierte en esa punible captura de sufragios, y b), la insuficiencia de la acción persecutoria y preventiva.

Existe la sospecha fundada de que los dineros destinados a compra y coacción aumentaron en 2007, como consecuencia de la reforma constitucional y legal en materia electoral, debido a que desde entonces los partidos dejaron de destinar cuantiosos recursos a adquirir tiempos en radio y televisión, pero continuaron recibiendo una porción del financiamiento anterior para campañas, cuya mayor parte se destinaba a propaganda en medios electrónicos.

La acción de las autoridades ha sido casi inexistente en este rubro: el INE y el TEPJF, generalmente, miran hacia otro lado para no ver la compra y coacción. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la PGR, ha sido tradicionalmente ineficaz en la persecución de los delitos comiciales, si bien debe reconocerse el empeño que ha puesto el actual titular de esa Fiscalía, Santiago Nieto Castillo, pero sin resultados plenamente satisfactorios. Un atenuante de esa insatisfacción ha sido el escaso presupuesto de este órgano de la PGR, que en 2016 ascendió a sólo 170 millones de pesos.

Ese presupuesto contrasta no sólo con los 11,232 millones de pesos y los 3,125 millones solicitados para 2017 por INE y TEPJF, sino incluso con el financiamiento que...

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