Eduardo R. Huchim / Atentado
| Autor | Eduardo R. Huchim |
Irremediablemente, hay una percepción dominante: Juan Camilo Mouriño Terrazo, José Luis Santiago Vasconcelos y los demás ocupantes del pequeño jet de Gobernación que se desplomó en las Lomas de Chapultepec, perecieron a consecuencia de un atentado cuya autoría se sitúa en el narcotráfico. Y salvo pruebas contundentes en contrario, ésa será la percepción que prevalecerá, a pesar de la versión oficial de accidente y de hipótesis creíbles como la que sitúa al avión en la estela de turbulencia ("wake turbulence") generada por las maniobras de un Boeing 767-300 (César Cepeda, Reforma, 6 y 7/11/08).
Para llegar a conclusiones definitivas, es manifiesta la necesidad de aguardar el resultado de las investigaciones, cuya acuciosidad y transparencia deben seguir la ruta marcada inicialmente por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler: no ocultar nada. Sin embargo, ante la corrupción y la descomposición de los cuerpos de seguridad a causa de los dineros del narcotráfico, la tesis del atentado no es trivial ni descartable, menos aún en una sociedad como la mexicana, tan proclive a imaginar conspiraciones. Si han sido infiltrados los mandos policiales y aun algunos militares -como nos enteramos casi a diario-, ¿por qué habría de ser imposible hacer caer un avión en pleno vuelo? Si los sicarios del narco asesinan a jefes policiales y militares día tras día, al grado de que sus muertes ocupan espacios cada vez más breves en la prensa hablada y escrita, ¿no es lógico pensar que la disyuntiva delincuencial de plata o plomo navega viento en popa y produce condiciones propicias para el sabotaje? Dicho de otro modo, lo grave no es la especulación sobre un atentado contra el jet de Gobernación, sino la existencia de hechos y condiciones suficientes para creer fundadamente en la posibilidad de su perpetración.
De cara a la infiltración de los cuerpos de seguridad, el gobierno ha hablado de "limpiar la casa", como si tal aseo dependiera de la sola voluntad gubernamental, como si hubiera quienes pudieran ocuparse, más allá de toda duda, de tal hercúlea tarea. La ineficacia policial y militar, por corrupción o por déficit de capacidades, ha generado una sensación de impotencia social ante la delincuencia organizada. La sociedad mexicana, sobre todo en ciertas ciudades y zonas, es presa de un temor creciente, ante el hecho incontrovertible de la reducción del número de policías confiables -preventivos, investigadores y perseguidores-...
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