Eduardo R. Huchim / No vieron, no quisieron ver
| Autor | Eduardo R. Huchim |
Después de la calificación de la elección presidencial por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me siento como si estuviera en medio de un acto luctuoso. No puedo cambiar ni desconocer la realidad -está dicha la última palabra-, pero tengo que poner mi bandera a media asta.
A media asta porque los magistrados, que debían ser guardianes de la Constitución, actuaron una vez más como patéticos tutores de la impunidad.
No vieron, porque no quisieron ver, la propaganda encubierta que durante años estuvo en la tv y fue, a partir de 2008, violatoria de la Constitución. No les importó que ese hecho fuera público y notorio y, por tanto, no necesitara prueba, en los términos en que lo ha establecido la Corte.
No vieron, porque no quisieron ver, la gran operación de compra y coacción de votos, muy difícil de probar ciertamente, pero sobre la que arrojaron luz las encuestas de Alianza Cívica y de Covarrubias y Asociados.
No vieron, porque no quisieron ver, las empresas involucradas en una triangulación financiera: Monex, Alkino, Inizzio, Efra y otras. Si la modestia de recursos de dos supuestos socios no les habría permitido hacer inversiones, si los domicilios fiscales no existían, si hubo cuantiosos fondos del gobierno mexiquense para el proveedor de naves aéreas a la campaña priista, todo ello es algo que no compete al Tribunal.
El magistrado Galván lo dijo expresamente: "¿Habrá hechos que se hayan cometido ilícitamente? Puede ser. Serán las autoridades hacendarias, las autoridades administrativas electorales, las autoridades de procuración de justicia o la que corresponda, las que, en su momento, también arriben a sus respectivas conclusiones...". No importan, pues, el exceso en los gastos ni los delitos electorales. Eso corresponde a otras autoridades, aunque los principios constitucionales resulten gravemente vulnerados.
No vieron, porque no quisieron ver, el descomunal gasto en propaganda priista que rebasó por mucho el límite fijado por el IFE y que fue evidente para millones de mexicanos, pero no para los magistrados. Ellos necesitaban pruebas contundentes, pruebas, pruebas. Que nadie les pidiera allegarse información para ampliar y perfeccionar las que les presentaron, porque ellos no son Ministerio Público.
Pero las pruebas no podían tenerlas los demandantes. ¿Cómo probar la compra de millones de votos? La Fepade sí podía, por lo menos parcialmente pero con datos suficientemente indicativos, si...
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