Editorial
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Editorial
Entre las observaciones que realizó el Relator Especial de la ONU, Juan Méndez, en su visita
a México en 2014, destacó que la tortura es generalizada en el país, pues se suscita
especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines
de castigo e investigación.
Tras presentar su informe, el Relator Especial llamó al Gobierno mexicano a implementar algunas
medidas para finiquitar la tortura, y a la comunidad internacional a asistir a México en su lucha
para eliminarla, así como revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas.
No obstante, esta grave violación a los derechos humanos se sigue presentando, debido a que
según reportes del Instituto para la Seguridad y la Democracia A. C. (Insyde), 95% de los policías
mexicanos no sólo tienen que aprender el nuevo sistema de justicia, sino también la manera
de cómo llevar a cabo con éxito y respeto de los derechos humanos una investigación criminal,
incluyendo la preservación de la escena del crimen, recolección de evidencias y entrevistas
preliminares a testigos.
En el artículo “La tortura en México... ¿Práctica generalizada?” que integra este número de la
revista, cuya temática se basa en estudios y casos concretos sobre tortura, se plantea la necesidad
de implementar más y mejores mecanismos para castigar a los responsables de dicha práctica
pero sin dejar a un lado a la víctima, ofreciendo en todo momento la asistencia necesaria para
reestablecer los derechos humanos de la persona violentada.
Por otra parte, en el artículo “La maternidad en el entorno penitenciario” muestra la disyuntiva
en la que en ocasiones se encuentran las madres que deciden tener hijos estando en reclusión,
o bien, al ser separadas de ellos una vez que éstas son sentenciadas y están obligadas a pagar la
pena impuesta. Casos como el hacinamiento, la nula educación escolarizada que deben recibir
los infantes, así como la restricción en alimentos y espacios de esparcimiento son algunas de las
problemáticas a las que se enfrentan madres e hijos.
El artículo “Los derechos humanos y las personas jurídicas colectivas” expone y justifica las
obligaciones y derechos de las personas jurídicas, pues argumenta que en la reforma constitucional
de junio de 2011, algunas interpretaciones consideran que sólo se refieren y aplican éstas a las
personas físicas; no obstante, el autor, valiéndose de algunos instrumentos jurídicos como la Ley
de Amparo, justifica que las empresas al ser personas jurídicas colectivas deben también apegarse
a lo que marca la Constitución, y por su parte, es imprescindible que los Estados enuncien
claramente que todas las empresas domiciliadas en su territorio o jurisdicción respetarán los
derechos humanos en todas sus actividades.
Las secciones “Al pie de la letra” y “Acordes y letras” implican una reflexión en torno a la obligación
de respetar los derechos humanos, en la primera se exhorta a los servidores públicos a cumplir
con esta encomienda que les demanda el Estado y, en la segunda, se advierte sobre la importancia
de que tanto sociedad como gobierno adquieran el compromiso que coadyuve a la solución de los
conflictos que laceran la dignidad humana.
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