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Los dos estados de excepción de Ecuador

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Vincent

Héctor Chincoya Teutli(Miembro de Número de la Academia Mexicana de Criminología)EL UNIVERSALEl pacto social que como ficción jurídico-política crea al Estado moderno, manda que es el Estado quién tiene la obligación de garantizar la seguridad de los gobernados y mantener la paz y el orden público. Pero para alcanzar sus fines no puede hacerlo a costa de vulnerar derechos humanos fundamentales imponiendo estados de excepción que permitan el uso de la fuerza letal. El uso de la fuerza tiene que ser progresivo y diferenciado procurando generar el menor daño posible. La narrativa de la "amenaza terrorista", abre la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales y el incremento de falsos positivos resultado de acciones del tipo: "delincuente abatido (neutralizado) en caliente"; o los llamados "EMA" (enemigo muerto en acción). La prioridad en la seguridad pública debe de ser siempre "cero víctimas mortales".La estrategia de mano dura y el estado de excepción por 60 días en virtud de los Decretos Ejecutivos No. 110 y No. 111, emitidos por el presidente Daniel Noboa, no es suficiente por sí sola para lograr recuperar la seguridad en forma duradera, si no viene acompañada de decisiones para abordar los problemas estructurales que han creado las condiciones para empoderar a las organizaciones criminales, el más importante: el debilitamiento de los órganos del Estado consecuencia de los vínculos del crimen organizado con servidores públicos responsables de la seguridad pública y del sistema de justicia penal (policías, fiscales, jueces y personal penitenciario), políticos prominentes y empresarios corruptos.El crimen organizado no es solo gente armada, son también servidores públicos del Estado involucrados con organizaciones criminales, tal y como denunció el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick (CNN, 13-12-2021). Es decir, el Estado ecuatoriano debe considerar en su estrategia atender el problema de la delincuencia que se organiza dentro del Estado para delinquir y los servidores públicos que se dejan corromper. Verónica Sarauz, la...

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