Disputa por la Carta Magna
| Autor | Luis Méndez |
REFORMA / España
MADRID.- Al cumplirse 25 años de su nacimiento, y pese a los problemas territoriales que enfrenta este país, el balance de la Constitución española arroja más luces que sombras. Según coinciden los expertos, la Carta Magna que se aprobó el 6 de diciembre de 1978 ha procurado estabilidad política y económica, permitiendo que los españoles convivan de manera pacífica tras 40 años de dictadura, fruto de una cruenta guerra civil (1936-1939).
En la elaboración de la última Constitución democrática, participaron representantes de todos los sectores para buscar un equilibrio razonable entre las tendencias políticas y sociales que protagonizaron la transición hacia la democracia.
La oposición, socialista y comunista, prefirió olvidarse de la República y aceptó que el Rey Juan Carlos asumiera la Jefatura del Estado dentro de un régimen monárquico ("parlamentario, moderador y arbitral"), mientras los conservadores hacían también concesiones a la hora de incluir en la nueva Constitución que las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) pudieran gozar de una considerable autonomía respecto al poder central después de haber sido reprimidas por la dictadura del General Francisco Franco (1939-1975).
No obstante, tras un cuarto de siglo, la izquierda española y los sectores nacionalistas estiman que la Constitución debe ser reformada en algunos aspectos para potenciar el papel de las Comunidades Autónomas, especialmente el País Vasco, Cataluña y Galicia que son las más demandantes, y hacer del Senado una cámara parlamentaria más funcional y menos decorativa.
"El Senado es una pieza débil de nuestro entramado institucional porque es un Senado indeciso, a medio camino entre la segunda cámara clásica co-legislativa y la cámara de representación territorial", afirmó Gabriel Cisneros, diputado del oficialista Partido Popular y uno de los siete parlamentarios de las Cortes Generales que redactaron en 1978 el texto constituyente.
Para Cisneros, cualquier reforma a la Constitución debe obedecer a tres principios. "El de necesidad, es decir, que exista una clamorosa demanda social; el de oportunidad, que significa que no pueden producirse mayores riesgos que las mejoras que se pretenden alcanzar; y el principio de consenso, esto es, que se aborde la reforma con el mismo o superior consenso que tuvo en su día la redacción de la Constitución".
Los llamados padres de la Constitución coinciden en que las posibles reformas a la Carta...
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