Disfraza Bukele abusos como seguridad
| Autor | Estefania Escobar |
Oscar Rosales asegura ya no tener miedo de transitar las calles de El Salvador y ser abordado por pandilleros. Está feliz de que estén surgiendo pequeños negocios sin que tengan que pagar "piso", y que la gente pueda recuperar algunos de los espacios públicos que antes controlaban los grupos criminales.
Sin embargo, pese a la aparente seguridad desde que el Gobierno de Nayib Bukele decretó hace exactamente un año el régimen de excepción para detener a presuntos pandilleros, se percibe un ambiente hostil, reconoce.
El temor de Rosales ahora ya no es ser abordado por los de la Mara Salvatrucha o la 18 -dos de las principales bandas que operan en el país-, sino que militares y policías se lo lleven detenido bajo cargos, sin pruebas, de supuestas asociaciones ilícitas.
"(Antes) por mis tatuajes yo tenía miedo de que los pandilleros atentaran contra mí. Ahora, los papeles cambian, porque aunque yo no deba nada, a veces me pongo a pensar que un policía, que un militar me revise, y por mis tatuajes me quieran implicar en algo, aunque yo esté limpio.
"El miedo de bastantes jóvenes ya no son los pandilleros, sino que los agarren por el régimen de excepción", apunta a REFORMA Rosales, de 26 años y residente de Lourdes, cantón del departamento La Libertad.
En respuesta a una ola de homicidios presuntamente cometidos por pandillas que en tres días dejó 87 muertos, en su mayoría civiles, el Gobierno de Bukele le declaró la guerra a estas bandas y decretó el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción que suspendió por 30 días los derechos constitucionales, incluidos derechos de asociación y reunión, de privación de las comunicaciones y a ser informados sobre el motivo de una detención.
Desde entonces, la medida, que permite detenciones exprés sin investigación, ha sido renovada cada mes por el oficialismo en la Asamblea Legislativa.
Organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch han denunciado arbitrariedades y violaciones a derechos humanos bajo el estado de excepción, incluidas detenciones de personas inocentes -incluso de menores de edad-, la omisión del derecho a defensa, audiencias masivas, desapariciones forzadas y malos tratos y torturas.
La mayoría de los arrestos se han realizado por denuncias anónimas vía telefónica o por redes sociales. Sin mayores indagaciones, la Policía o los soldados se llevan a las personas por supuestamente estar implicadas con los grupos criminales.
Bajo el poder que les ha otorgado la medida, autoridades han...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba