Diego Valadés / Suspensión de garantías
| Autor | Diego Valadés |
El miedo invade a la sociedad, afectada por la violencia, la corrupción y la impunidad. Una constante sensación de inseguridad hace que el ejercicio de las libertades sea una aspiración malograda por quienes actúan contra la ley. No nos podemos resignar a vivir bajo amenaza.
Entre los factores que erosionan las libertades, el temor es uno de los más dañinos porque multiplica la desconfianza y paraliza la voluntad. El aumento de los ataques delincuenciales hace creer que los criminales son imbatibles. A la violencia en ascenso se añade la percepción dominante de que las autoridades son incapaces de proteger a la población y que incluso la victiman con acciones depredadoras. Esto se acentúa en los ámbitos municipales y locales.
La vida cotidiana se desarrolla en la incertidumbre: nadie sabe cuándo será afectado por los delincuentes o expoliado por las autoridades. La impunidad generalizada es un dato de la realidad. En semejantes circunstancias el ejercicio de las libertades se hace cada vez más problemático.
La solución vendrá algún día pues ni siquiera lo malo es para siempre, sólo que entre más demore, más crecerá el dolor social y mayores serán las dificultades para conseguir resultados plausibles. Las libertades sólo prosperan en espacios democráticos garantizados por el orden jurídico.
Cada padecimiento requiere una respuesta distinta. En el caso de la violencia delictiva llevamos más de un decenio sin lograr que decrezca. Es incomprensible que se sigan aplicando medidas de demostrada ineficacia. Después de millares de víctimas, cuyo número se ignora, lo razonable es cambiar la estrategia.
Sorprende que no se haya aplicado la opción constitucional prevista para situaciones como las que sufrimos. El artículo 29 dispone que en los casos que pongan a la sociedad "en grave peligro" el presidente de la República puede solicitar al Congreso que se restrinjan o suspendan los derechos y las garantías "que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación", en la extensión territorial que especifique el decreto correspondiente. Esta institución, conocida como estado de excepción, está prevista en todas las constituciones democráticas del mundo y se utiliza con frecuencia.
Después de la Segunda Guerra mundial el gobierno mexicano ha sido reacio a decretar el estado de excepción, y una parte de la opinión pública se inquieta ante su posible aplicación. Estos recelos eran explicables durante la hegemonía porque...
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