Detectan en costas ocupación irregular
| Autor | Daniel Millán |
EL NORTE/MEXICO
MEXICO.- Ya sea por grandes hoteles, humildes viviendas, empresas acuícolas, vendedores ambulantes o residencias de mexicanos y extranjeros, la ocupación irregular de terrenos en la zona federal marítimo-terrestre la franja costera propiedad de la nación se repite a lo largo de los litorales del País, sin que las autoridades cuenten con suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente al problema.
Un total de 99 "áreas críticas" con ése y otro tipo de problemáticas han sido detectadas por el Gobierno federal en los 17 estados costeros del País, de acuerdo con el documento de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales "Estrategia de cobertura de áreas críticas en materia de playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito formado por aguas marinas" del cual EL NORTE obtuvo una copia.
El documento revela que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental cuenta apenas con 9 vehículos y 86 hombres, 12 coordinadores y 74 inspectores, para supervisar las irregularidades en los 11 mil 610 kilómetros de litorales.
Dando por hecho que todos los coordinadores realizarán trabajo de inspección, esto significa que a cada agente corresponde supervisar y, en su caso, levantar dictámenes sobre las violaciones ambientales a la zona federal marítimo terrestre en un tramo de 135 kilómetros 958 metros.
Los problemas
La legislación contempla como de propiedad federal la totalidad de las playas y una franja de 20 metros, contados a partir de la línea base de la pleamar, en los litorales que carezcan de éstas. En el caso de los acantilados, no se considera que exista una zona federal marítimo-terrestre.
En la zona federal, el Estado puede brindar concesiones y asignaciones para desarrollar actividades económicas diversas como hoteles, marinas, explotación de recursos naturales, granjas camaronícolas o captura de almejas.
Las concesiones y asignaciones garantizan el derecho de uso económico, pero no la facultad de restringir el acceso a las playas o a las costas.
"Muchas personas creen que tener una propiedad cerca de esta zona costera les da derecho o propiedad de la playa; nos ocurre con ejidos, con grandes inversionistas, nos ocurre con desarrolladores turísticos", explican fuentes de la Semarnat.
Además del bloqueo al tránsito hacia las playas, entre las "problemáticas" anotadas por la Semarnat se cuenta la construcción de viviendas y restaurantes en zonas naturales protegidas...
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