Despacho de Negocios / El fondo de la inmovilidad
| Autor | Alejandro Delgado Ayala |
Hoy hace 97 años el Congreso Constituyente de Querétaro aprobó el texto final de nuestra Constitución Política. Era un documento que intentaba conciliar intereses liberales y las banderas del agrarismo revolucionario. Un puñado de buenas intenciones: educación gratuita y garantizada para todos, los recursos naturales y energéticos para los mexicanos, repartición de la tierra para todos los trabajadores del campo, garantías de audiencia y juicios justos, no discriminación e igualdad ante la ley, división de poderes, entre otras. Muchos de estos preceptos fueron y han sido letra muerta durante gran parte de los 97 años de vida de nuestra Constitución.
Lo más preocupante es que el mecanismo legal establecido en nuestra Carta Magna para la operación política y legislativa de nuestro País es disfuncional. Tantas reformas que se han hecho y tan poco que hemos avanzado para tener un Estado mexicano eficiente y moderno. Democracia sí, eficiencia no. Agréguele usted el hecho de que nadie es culpable al momento de ver los magros resultados que nos ofrecen los poderes políticos mexicanos.
Es tiempo de hacer una reforma de fondo a nuestro aparato político. Es momento de que nuestros líderes tomen con valentía el reto de cambiar de tajo nuestra Constitución en materia legislativa y de operación e implementación de los procesos para la toma de decisiones fundamentales.
Pensemos, por ejemplo, en un cambio en el que nuestro Presidente emane de la mayoría en el Congreso de la Unión y sea al mismo tiempo su líder. Así tendremos la capacidad de votar por un proyecto de nación cuando votemos por un partido y por un Presidente de la República, y no como ahora, que hasta la más ínfima de las fuerzas políticas representadas en el Congreso descarrila los proyectos de todo un Gobierno que fue votado para hacer un cambio y tomar las riendas del poder. Cuando esto pase, tendremos a quién apuntar si las cosas no suceden en una forma que nos beneficie a todos. Mientras tanto ¿quién responde a millones de desempleados? ¿Quién responde ante el anacronismo económico en que vivimos?
Imaginemos que los ciudadanos pudiéramos contar con un derecho en el cual se nos preguntara si queremos apoyar un cambio fundamental como la apertura energética o la reforma fiscal -el llamado plebiscito-. O bien, que bajo ciertas circunstancias pudiéramos dar un voto de desconfianza a nuestro Presidente y entonces motivar una nueva elección presidencial -referéndum-. Todo esto ya pasa en otros...
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