Desacato: crimen sin castigo
| Autor | Roberto Duque Roquero y Enrique Ochoa Reza |
Hace casi un año, el 27 de abril de 2005, Vicente Fox dio marcha atrás al procedimiento legal iniciado en contra de Andrés Manuel López Obrador por el caso del predio "El Encino". En aquel inesperado mensaje televisivo, el Presidente exoneró políticamente al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. La consigna: "A nadie se impedirá participar en la próxima contienda electoral". El funcionario que había sido acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de desacato y desaforado por la Cámara de Diputados, quedaba políticamente a salvo.
A López Obrador ya no le hacía falta gozar del fuero constitucional que perdió. El Presidente lo había dotado de un fuero de facto contra el desafuero. Sólo restaba la misión de barnizar jurídicamente la exoneración política.
Para la fortuna del Presidente, el procurador General de la República en México no es autónomo. En uso de sus facultades constitucionales, Fox removió a Rafael Macedo de la Concha, quien había iniciado el procedimiento contra López Obrador, y en su lugar nombró un procurador que se ajustara a las nuevas necesidades políticas. Con su característico pragmatismo, el Presidente eligió para esa misión a su propio consejero jurídico, Daniel Cabeza de Vaca.
Podía advertirse que las singularidades del polémico caso "El Encino" no le reportarían demasiado grado de dificultad jurídica al nuevo procurador. Muchos esperaban que justificara el perdón presidencial con argumentos de tipo procedimental. Bastaba con que alegara, por ejemplo, una defectuosa integración del expediente, una valoración indebida de las pruebas o la no acreditación de la responsabilidad directa de López Obrador en el desacato.
Pues bien, desafiando los pronósticos, el camino que eligió la PGR para el desistimiento de la acción penal fue determinar que el desacato a una resolución judicial de amparo sencillamente no es sancionable. Así, en su intento de dar salida jurídica a un evidente problema político, el procurador interpretó la ley de una manera que lastima hoy al país.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, aunque había perdido su fuero, retomaría sus funciones administrativas como si nada hubiera pasado. El gobierno de la República ratificaba la existencia de un desacato judicial pero declaraba que no podía castigar a la autoridad responsable de cometerlo.
En el terreno de lo electoral, las consecuencias de ese episodio son ampliamente conocidas. El impacto fue tangible, duradero y desfavorable para el "gobierno del cambio". La intención del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador se elevó en aquel mes de abril 10 puntos porcentuales. Un año después, esa ventaja puede ser determinante hacia los comicios del 2 de julio.
Pero más allá de...
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