Los derechos indígenas en la Constitución federal
| Autor | Francisco López Bárcenas |
| Páginas | 49-79 |
Las reformas constitucionales relativas a los derechos indígenas en la época
contemporánea, han sido producto de la presencia de los pueblos indígenas
en la escena política nacional. De igual manera, reflejan la escasa voluntad
política de la clase gobernante para reconocer los derechos de estos pueblos y
garantizarlos en la Carta Magna. La primera reforma data de 1992 cuando
el gobierno federal –aprovechando la cercanía de los 500 años de la invasión
española al continente americano– promovió una adición al artículo cuarto
de la Constitución Federal para reconocer la existencia de pueblos indígenas
en su seno y hacer efectivos sus derechos. Eso fue lo que se dijo, pero en el
decreto del 28 de enero1 lo que se publicó fue una norma declarativa de la
pluriculturalidad de la nación mexicana, misma que obtenía su sustento en
la presencia originaria de los pueblos indígenas.
El reconocimiento que se hacia en esa norma era como componente
de la pluralidad cultural de la nación, y sólo de manera indirecta se podía
establecer la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Es más, la propia norma jurídico-constitucional restringía los derechos que
se les pudieran reconocer a los pueblos indígenas a los de carácter cultural
y sólo aquellos que la ley secundaria eventualmente llegara a establecer.
La disposición constitucional seguía en la lógica de negar los derechos
políticos y económicos, que son los fundamentales para la existencia de los
pueblos indígenas, el respeto de sus derechos y la seguridad de su existencia
y desarrollo futuro. Además, se trataba de una postura que contradecía la
Los derechos indígenas
en la Constituc ión federal
1 Diario Oficial de la Federación, México, 28 de enero de 1992.
LEGISLACIÓN Y DESARROLLO RURAL
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posición del Estado mexicano sobre esta materia en el marco internacional.
Lo mismo sucedía con la fracción séptima, párrafo segundo, del artículo 27
Constitucional, introducida por decreto del 6 de enero de 1992, en la cual
se establece que “la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos
indígenas”.2 En ella se desconoce la condición de pueblos a los indígenas,
y se remite a una ley secundaria la eficacia de la garantía. El contenido de
la Constitución Federal se modificó el 14 de agosto de 2001,3 después de
la rebelión zapatista y la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos
y cultura indígena. De acuerdo con el decreto de reforma, se modificaron
varios de los artículos de la Carta Magna para incluir en ella los derechos
de los pueblos indígenas, que unidos a las disposiciones existentes forman
la normatividad constitucional en la materia. En la actualidad los artículos
constitucionales que hacen referencia a los derechos indígenas son: el artículo
2, que sustituyó al artículo 4 al que hicimos referencia anteriormente, el
artículo 18, párrafo sexto, el artículo 27, fracción VII, párrafo segundo y el
115, fracción tercera.
La reforma a la Constitución Federal para reconocer los derechos de
los pueblos indígenas se dio en un controvertido proceso legislativo. Lo
controvertido provino de varios aspectos. Uno de ellos, político, es que con la
reforma se buscaba resolver las causas que dieron origen al levantamiento de
los indígenas chiapanecos agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), según disposición de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y
la Paz Digna en Chiapas,4 En concreto se trataba de cumplir lo pactado en los
Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, mejor conocidos como Acuerdos
de San Andrés. Con base en dichos acuerdos la Comisión de Concordia y
Pacificación –integrada por representantes de todos los partidos políticos
representados en el Congreso de la Unión para mediar en el conflicto– por
acuerdo de las partes, elaboró en noviembre de 1996 una propuesta de
reforma constitucional que los rebeldes aceptaron pero el gobierno rechazó
y por eso no se envió al Congreso de la Unión sino hasta el 5 de diciembre
de 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había perdido
las elecciones y gobernaba el Partido Acción Nacional (PAN).
2 Diario Oficial de la Federación, México, 6 de enero de 1992.
3 Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2001.
4 Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 1995.
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