Estado de Derecho: El redentor democrático

AutorMaurizio Viroli

Para proteger el Estado de derecho -y más aún, para restaurarlo-, un soberano democrático debe castigar los crímenes rápida y justamente, en especial cuando ciudadanos poderosos los perpetúan. Un Estado que no es capaz de castigar a los ciudadanos poderosos que violan las leyes pierde la autoridad de castigar a los ciudadanos ordinarios. ¿Cómo puede uno esperar que el Estado de derecho sobreviva si de cada dos ciudadanos culpables del mismo crimen uno es castigado según la ley, mientras que el otro es absuelto?

Consideraciones similares se aplican a las personas responsables de violar los derechos humanos. Este problema es particularmente serio en países que han experimentado una transición de regímenes totalitaristas o déspotas a regímenes democráticos. En algunos casos los Estados democráticos recién fundados no tienen la fuerza política para castigar. Los perpetradores de violaciones de derechos humanos aún son demasiado poderosos; aún pueden movilizar partidarios o amenazar con volver a utilizar la fuerza militar. Pero si un nuevo régimen democrático tiene la fuerza para castigar, debe castigar, en el pleno respeto a la ley, incluyendo los derechos civiles de los acusados. Debe hacerlo para responder a la demanda de justicia de las víctimas y de sus familiares, y para establecer un sólido Estado de derecho.

Aunado a ser justos en el castigo, los políticos teóricos han ofrecido también otras sugerencias para enfrentar el problema de la corrupción del Estado de derecho. Planteo aquí respuestas clásicas. Debo advertir que algunas son poco convencionales y probablemente parecerán poco creíbles.

La igualdad social

La primera respuesta es el argumento de igualdad social: "Si quiere restaurar el Estado de derecho, debe primero instituir una moderada igualdad social". Este punto de vista sobre el Estado de derecho y la igualdad social se remonta a la antigüedad clásica. En tiempos modernos, Rousseau lo ha parafraseado en el ensayo Economie politique: "Las leyes son equitativamente impotentes contra las riquezas de los acaudalados y contra el miserable estado de los pobres. Las primeras los eluden; el segundo escapa de ellos. Una rompe la trama y el otro se escabulle a través de ella".

La sugerencia de Rousseau sigue siendo válida. Hace un llamado a una política de derechos sociales diseñada para ayudar a los ciudadanos pobres o débiles a que se ayuden a sí mismos sin convertirse en clientes de ciudadanos poderosos. También sugiere una política de impuestos justos y progresivos sostenida por un serio esfuerzo por parte de las autoridades políticas para estimular a los ciudadanos más afortunados y más exitosos a ayudar a su comunidad. Una de las maneras de hacer eso es persuadirlos de que al ayudar a su comunidad se ayudan a sí mismos, que también para los ganadores la vida es más placentera, más segura, más agradable en una comunidad decente que en una que es corrupta e injusta.

Toma tiempo reducir la desigualdad social y construir una sólida clase media. Es una forma indirecta de confrontar la problemática: "Primero vamos a reducir la desigualdad social y luego tendremos más respeto para la legalidad y mayor sentido de responsabilidad". Otra manera más directa de afrontarlo es reforzar la cultura cívica. Como los teóricos políticos clásicos sabían muy bien, hasta el arreglo constitucional más sabio debe contar con buenas costumbres. Con buenas costumbres o tradiciones quisieron decir una forma de comportamiento cívico motivada por la disposición de servir adecuadamente a la libertad común. Resumían todo ello al enfatizar que un gobierno republicano o democrático necesita virtud, como lo explica Montesquieu en El espíritu...

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