Denise Dresser / Diablo guardián
| Autor | Denise Dresser |
Espiar. Robar. Ocultar. Tres actividades que el Gobierno mexicano lleva a cabo todos los días. Tres comportamientos que Enrique Peña Nieto y su equipo han hecho suyos. El Estado de la vigilancia fuera de control, fuera de proporción, fuera de justificación. El Estado actuando con un alto poder invasivo que busca controlar o extorsionar o silenciar a las personas vigiladas. Ya sea Carmen Aristegui o su hijo adolescente o Juan Pardinas o los miembros del GIEI-Ayotzinapa o tantos otros activistas y periodistas y defensores de derechos humanos. Big Brother en Los Pinos y en la PGR. Recolectando datos, almacenando información, grabando conversaciones, violando la ley. Violando la Constitución.
Porque el Artículo 16 estipula que toda intervención de comunicaciones privadas debe contar con una autorización judicial previa. Se prohíbe la localización geográfica en tiempo real, utilizable sólo "cuando se presume que existe un peligro para la vida o integridad de una persona". Y sin embargo la PGR y el CISEN y la Sedena hacen lo que quieren, cuando quieren, sin supervisión, sin transparencia. Para saber lo que Carmen Aristegui conocía sobre la Casa Blanca o lo que Juan Pardinas redactaba sobre la Ley 3de3 o lo que el Centro Tlachinollan indagaba sobre los 43. Para espiar a sus presuntos enemigos y de ser necesario, coaccionarlos. Para supervisar a sus presuntos adversarios y de ser imperativo, amedrentarlos. Vía el malware Pegasus o Hacking Team o la obtención de metadatos que las compañías de telecomunicaciones entregan rutinariamente a autoridades sin la facultad legal de solicitarlas. Así actúa el Estado espía, el Estado extra-legal, el Estado adversarial.
Que no sólo espía, desvía fondos e inventa empresas para hacerlo. En la última revelación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exhibe cómo el dueño legal del Grupo Tech Bull -la empresa intermediaria que vendió el malware Pegasus- vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca. Otra historia de empresas fantasma y de corrupción escondida. Otro tache para Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, quien autorizó y supervisó la adquisición. La PGR canalizó millones de dólares a una empresa constituida con 50 mil pesos, por dos jóvenes desconocidos que hoy niegan conocimiento de la transacción. La PGR "compró el más sofisticado equipo de espionaje, de origen israelí, a una empresa recién creada, sin experiencia en el tema de seguridad nacional y que antes...
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